En el marco de las elecciones docentes en la provincia del Chaco, la Lista 10 manifestó su preocupación ante el incumplimiento de una reciente decisión judicial que habilita a Damián Kuris como candidato de la Lista 10 en las elecciones docentes.  

En un comunicado, afirmaron que el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, emitido de manera unánime, "no debe ser interpretado por Mauro, Luisito, Abel, Rodrigo, Pedrito o Juancito sino que debe ser cumplido por la Junta Electoral", exigiendo que se respete la resolución.

Desde la Lista sostuvieron que el Superior Tribunal de Justicia determinó que Damián Kuris cumple con todos los requisitos estipulados en el Estatuto del Docente, y que su candidatura debe ser reconocida sin interpretaciones personales ni restricciones arbitrarias. "Ese fallo claramente establece que Damián Kuris está habilitado para ser candidato donde decida", recalca el comunicado, subrayando que el estatuto y los derechos de los candidatos deben ser respetados.

La lista está compuesta por los gremios integrantes de la Coordinadora Docente en Defensa de la Educación ((AMET-ACHABI, FIUD-UDA) junto a FESICH, SITECH SUDESTE, ADOCH, y FESIDOCH.

Además, insisten en que, como parte de los derechos garantizados en el fallo, Kuris debe contar con los 90 días permitidos para realizar campaña y otras acciones, "en igualdad de condiciones con los demás candidatos", y no solo con los "paupérrimos 15 días que propuso el MECCYT en la Junta Electoral".  

En este sentido, denuncian que esta restricción recibió la adhesión de varios apoderados de listas presentes en el acto, generando preocupación sobre la transparencia del proceso electoral.

Para los representantes de la Lista 10, las acciones de ciertos actores revelaron una falta de compromiso con el cumplimiento del Estatuto. "Es evidente que hay amigos de no cumplir el Estatuto y a los que les molesta y ofende que se lo exijan a través de la justicia", expresaron en el comunicado, sugiriendo que algunos sectores habrían ignorado repetidas veces los requerimientos legales en perjuicio de los derechos docentes.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades provinciales, y en particular al Gobernador, a tomar medidas para asegurar el respeto a las decisiones judiciales y garantizar condiciones justas para todos los candidatos. 

Además, consideraron indispensable que el Gobernador intervenga para "que los caprichos de algunos no afecten derechos de otros", advirtiendo que desoír el fallo judicial es una práctica inaceptable y que podría afectar la legitimidad de las elecciones.

También advirtieron sobre el impacto económico de estas decisiones para el Estado y el tiempo que esto representa para la comunidad educativa y sus representantes. "La irresponsabilidad de ciertos funcionarios cuesta mucha plata al estado (no es de ellos), a la comunidad educativa, a sus representantes y mucho tiempo a los trabajadores", subrayaron en un pasaje del comunicado, denunciando la falta de consideración de ciertos sectores en el cumplimiento de sus obligaciones. 

"Lo que mal se inició no puede terminar bien", concluyeron, considerando esta situación como "el ejemplo del resultado de actitudes arbitrarias de algunos personajes acompañadas de socios circunstanciales". Con estas palabras, remarcaron la importancia de actuar conforme a los principios de justicia y transparencia, y exhortaron a todos los actores involucrados a respetar el proceso electoral de acuerdo con la ley y el fallo del Tribunal.