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29 de octubre de 2024

El Estado pidió ser querellante en el caso Gabriela Casa: “Hay un derecho humano vulnerado”, aseguró Maldonado

El subsecretario confirmó la solicitud del gobierno para sumarse a la causa.

El subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, dialogó este martes con Alerta Urbana acerca de la decisión del Estado provincial de solicitar ser querellante en el caso Gabriela Casa.

“Consideramos que hay un derecho humano vulnerado por eso hemos hecho este planteo ante la Justicia”, sostuvo el funcionario.

De esta manera Maldonado confirmó la intervención del gobierno en el caso de la abogada que se desempeña como defensora oficial en el Poder Judicial y que el 7 de octubre, en medio de un desproporcionado operativo policial, fue sedada y luego trasladada contra su voluntad desde su domicilio hasta el área de Salud Mental del hospital Perrando de Resistencia.

El subsecretario sostuvo que anteriormente había requerido informes a todas las oficinas que tuvieron implicancia en el incidente.

“Primero pedimos información a los ministerios de Seguridad y Salud, también a la Defensoría General del Poder Judicial y al Órgano de Revisión de Salud Mental”, detalló.

“Posteriormente solicitamos correr vista del expediente a la Fiscalía 3 a cargo de Rosana Soto, con quien me he reunido y me explicó su criterio”, agregó.

El subsecretario señaló que la decisión de presentarse como querellante se tomó tras un encuentro de trabajo con el ministro de Gobierno, Jorge Gómez.

Por otra parte, Maldonado admitió que por el momento no tuvo contacto con la víctima, pero ratificó que al considerar que “hay un derecho vulnerado” en cuanto a lo que le tocó vivir a Casa, el Estado pidió ser querellante en la causa.

    El caso Gabriela Karina Casa fue internada en el Perrando el pasado 7 de octubre en medio de un desproporcionado operativo policial en su vivienda de  la manzana 33, parcela 7, del barrio Provincias Unidas de Resistencia. Fue dada de alta recién el 17 de octubre, por lo que estuvo once días internada.

El caso causó controversia en la sociedad por lo desmedido de la intervención policial y las serias implicancias del Poder Judicial que se fundan en sospechas cada vez más pronunciadas en torno al rol que jugó en el hecho la defensora oficial Alicia Alcalá, a quien Casa había denunciado en reiteradas oportunidades por presuntas irregularidades administrativas.

La Cámara de Diputados se metió de lleno en el caso con un pedido de informe dirigido al Poder Judicial para conocer los pormenores sobre el hecho que conmociona y moviliza a la opinión pública en el Chaco.

Se trata de un proyecto presentado por el diputado oficialista Francisco Romero Castelán y que solicita a la Justicia que presente de manera detallada qué sucedió con la abogada y trabajadora del Poder Judicial que fue trasladada por la fuerza hasta el Servicio de Salud Mental del hospital Perrando y una vez allí sedada e internada.

El legislador pidió la información basado en lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Provincial, y las leyes provinciales 119-A y 678-P.

 

 

Las partes involucradas en esta nota tienen su correspondiente derecho a réplica, comunicándose con la producción del programa Alerta Urbana de lunes a viernes de 9 a 13 a los teléfonos 3624-100411 / 3624-622442.

 

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