Javier Milei cree que el régimen de refugio de Argentina es una posible puerta de entrada al terrorismo internacional. Con ese argumento, el Gobierno nacional endureció el martes los requisitos para obtener asilo y recortó los plazos de los trámites ante la Justicia. 

Según el decreto oficial, el propósito es “prevenir la infiltración de personas” que podrían cometer delitos y agilizar la gestión de solicitudes “para que funcione eficazmente como un mecanismo de protección para quienes realmente lo requieran, sin comprometer la seguridad nacional, y dentro de plazos razonables”. Referentes de derechos humanos cuestionan los cambios por considerar que transforman a los solicitantes de asilo en sospechosos.

La ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado mantiene como criterios de exclusión haber cometido delitos de guerra, delitos contra la paz y la humanidad, graves delitos comunes, o actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas. Pero ahora deja fuera también a quienes hayan sido imputados y/o condenados en el extranjero por un delito grave. El Gobierno considera como delitos graves aquellos que contemplen penas superiores a diez años de prisión en Argentina, como la participación en actividades terroristas, y aquellos que “sean realizados en el marco de la delincuencia organizada y/o que afecten al patrimonio y a la vida, la libertad, la integridad física o sexual de las personas.

“En Argentina la mayoría de refugiados son de Venezuela y muchos fueron acusados de delitos por la justicia de ese país. ¿Se va a tomar en consideración lo que dice un Estado como Venezuela, que tiene una justicia débil y corrupta?”, pregunta el abogado Pablo Asa, especializado en migración y asilo. Asa sospecha que lo usarán para rechazar las solicitudes que no les gusten, pero advierte que el objetivo es otro: “Están construyendo un nuevo enemigo, los refugiados”.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo recordó que Argentina fue víctima de dos atentados terroristas en 1992 y 1994 y advirtió del abuso del régimen de asilo de “grupos terroristas y criminales internacionales” que buscan extender sus redes a otros países. Ese argumento despierta dudas entre quienes siguen de cerca las políticas de asilo. “Los terroristas no piden refugio político. Suelen entrar de forma ilegal y/o con identidades falsas”, señala una fuente de un organismo internacional. Al solicitar asilo quedan de inmediato bajo el radar estatal: la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), responsable de estudiar al detalle cada petición y decidir si la acepta o no, incorporó este año a un representante del Ministerio de Seguridad, que se suma a los que ya estaban de las carteras de Interior, Exteriores y Justicia.

El Gobierno explicó que los cambios responden también al “número significativo de migrantes” que llega al país y al aumento de las solicitudes de asilo de un 225% desde 2016. Las estadísticas oficiales contradicen ese crecimiento. Ese año, según la Conare, iniciaron el trámite 1.920 personas. El número de solicitudes registró un pico de 3.184 en 2019, pero al año siguiente descendió a la mitad y en 2023 repuntó hasta 2.013, un aumento del 5% respecto a 2016.

Fuente: Diario El País.