Alerta Urbana tuvo acceso a los pedidos de informe cursados por el entonces Instituto de Colonización en torno a Ramón Alberto “Tito” López.

Se trata de los requerimientos elevados en octubre de 2023, durante la gestión anterior, y febrero de 2024 (ya en el actual gobierno), acerca de la situación de una serie de inmuebles que pertenecerían al dirigente social detenido y algunos de sus familiares.

Son pedidos de informe emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos de Colonización y que debían ser contestados por la Fiscalía de Estado y el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).

Sin embargo, el organismo que conduce el fiscal Alejandro Herlein nunca respondió a las solicitudes. Tampoco lo hizo el RPI.

Los pedidos se centraban en conocer información respecto a las escrituras 298, 299, 300, 301 y 302 -todas del 13 de septiembre de 2023- de contratos de leasing ingresados en Registro de la Propiedad Inmueble para inscripción respecto once inmuebles que fueran titularizados por Colonización, y sobre los que se encuentra en curso el periodo de 10 años establecido en el artículo 38 de la Ley 471-P que establece prohibición de transferencia. 

La solicitud busca conocer información sobre predios ubicados en el departamento Güemes, en el norte del Chaco, que están a nombre de “Tito” López, su esposa Librada Romero, algunos de sus hijos, y otras personas que estarían relacionadas al clan López.

A partir de la falta de respuestas oficiales todas las miradas se posan ahora sobre el fiscal de Estado pero también en torno a la procuradora general de ese organismo, Andrea Lorena Quevedo, y el secretario general Matías Kuray.