Con la ayuda de sus aliados y un grupo de radicales, el oficialismo logró este miércoles en la Cámara de Diputados blindar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria. La conversión de un grupo de legisladores respecto a junio pasado, cuando se aprobó la media sanción, permitió que La Libertad Avanza bloqueara los dos tercios de los presentes que necesitaban los bloques opositores para insistir con la norma, según el artículo 83 de la Constitución Nacional.

La votación resultó con 153 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones. Hubo 8 ausentes. Con esa cantidad de diputados sentados, la oposición requería de 166 votos a favor para sostener la ley. Le faltaron 13. Durante la primera aprobación, los dos tercios se habían conseguido con 160.

Sin mayores problemas para conseguir el quórum, tal cual se preveía, la reunión arrancó a las 11.15 con la presencia de todos los espacios. Luego de la jura Nancy Ballejos, la habilitación del tratamiento del veto se votó a mano alzada, sin inconvenientes, pues fue avalado tanto por la oposición como por el oficialismo. Al no haberse convocado a reunión de Labor Parlamentaria, algo que algunos reclamaron a Martín Menem, titular del Cuerpo, se pasó a un breve cuarto intermedio para que los jefes de bloques acordaran la lista de oradores y el debate comenzó 11.53.

La sesión había sido solicitada la semana pasada por diputados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Si bien varios opositores sabían que alcanzar el número de los dos tercios de los presentes para la insistencia de la ley era complicado, consideraron que había que convocar a discutir el tema antes de que se enfriara y se perdiera entre otras cuestiones. O antes de que el Poder Ejecutivo lograra persuadir a más legisladores.

Así las cosas, los impulsores de la ley siempre admitieron por lo bajo que los números estaban “muy finos”, pero venían con el envión ganador y se sentían optimistas. La Libertad Avanza sumaba, además, derrotas parlamentarias en las últimas semanas.

En la previa la mirada estaba puesta en la clave que serían las ausencias -que achicarían las mayorías necesarias para un lado y para el otro- y también en las posturas que tomarían los diputados que responden a sus gobernadores, tanto radicales como los de, por ejemplo, Innovación Federal (que, efectivamente, pasaron del voto a favor a la abstención). Pero llegando a la sesión, el panorama cambió y el oficialismo comenzó a asegurarse apoyos para sostener el veto.

La situación terminó de inclinarse a favor del Gobierno con la reunión de este martes en la Casa Rosada entre el presidente Milei y cinco diputados de la UCR, que después de ese encuentro confirmaron que darían vuelta su voto. Solo uno de ellos no había estado en junio, pues todavía no era diputado.

Tras la foto, que reavivó una fuerte interna dentro de la bancada radical, todo vestigio de optimismo opositor se esfumó. El cambio de posición de un grupo de legisladores fue parte de varios discursos durante la sesión.

LA LEY VETADA

La ley vetada establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones, de modo de complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.

Asimismo, se establecía una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplaba el índice de inflación como referencia, al igual que el DNU. En estos dos aspectos el oficialismo se había mostrado a favor con un dictamen de minoría en el Senado, y se llegó a pensar que el veto podría haber sido parcial, sosteniendo el Poder Ejecutivo estos artículos. Pero finalmente no pasó.

Además, la norma establecía un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año; y una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total.

Por otro lado, se instruía a la ANSeS a cancelar la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.

El pasado 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

“Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Honorable Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”, agregó el Gobierno.