El fracaso del país en tribunales internacionales es notable. En apenas un mes perdió la apelación por los Cupón PBI en Londres por USD 1.500 millones, recibió sentencia sumaria por deuda en default por otros USD 140 millones, perdió la certificación del fallo del CIADI en EE.UU en el caso Aerolíneas Argentinas por USD 340 millones y perdió la apelación por embargos de activos soberanos en caso deuda en default por USD 420 millones. Esto se suma a la sentencia contra el Estado argentino por la friolera de USD 16.000 millones en el marco del juicio por la estatización de YPF, fallo que se emitió al inicio del gobierno libertario.

 "Dejar que las cortes hablen no es una estrategia legal sino una excusa para no tenerla" afirmó Sebastian Marill especialista en este tipo de litigios.

Ahora, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Estados Unidos, ratificó un fallo judicial de primera instancia contra el Estado argentino, que autoriza el embargo de bonos del Tesoro estadounidense que el país tiene en la Reserva Federal.

Los demandantes son siete fondos de inversión que compraron deuda argentina en 1994 en el marco del Plan Brady, que con el estallido de la convertibilildad en 2001 cayeron en cesación de pagos.

Sebastián Marill explicó que son remanentes de holdouts que, al no recibir pago, iniciaron un proceso de embargo, autorizado inicialmente por la jueza Loretta Preska. Fondos buitres residuales que no entraron a ninguno de los canjes a la espera de ganar el juicio.

El plan, instituido por el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady ,implicaba un intercambio de casi USD 30.000 millones en bonos comerciales no garantizados por otros con garantía, con vencimiento en 2023, según determina en su fallo el tribunal norteamericano.

La resolución judicial, emitida por la jueza Debra Ann Livingston, rechaza la apelación presentada por Argentina y afirma que los activos embargados no están protegidos por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. "Argentina utilizó esos intereses en actividades comerciales en los Estados Unidos, lo que los hace susceptibles de embargo", subraya el fallo, que además ordena a las partes implicadas a presentar sus escritos dentro de los próximos 30 días.

Maril advirtió que el fallo afecta el balance del Banco Central, ya que los bonos embargados formarían parte de sus reservas. Además, recordó que si Argentina no cumple con la orden, podría ser declarada en desacato, lo que traería consecuencias adicionales para el país.

Sin dudas, se trata de alejarse cada vez más de la posibilidad de acceder a financiamiento externo.