El gobierno de Corrientes formalizó en las últimas horas la apelación a la resolución de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, que le negaba intervenir como querellante en la causa que investiga la desaparición de Loan Peña, el niño visto por última vez el 13 de junio en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio.

El argumento del Ejecutivo correntino es que no están garantizados los derechos del niño en el proceso sin embargo para la magistrada sí lo están seguramente desde la representación del Ministerio Público.

El recurso de apelación fue presentado a través del fiscal de Estado de la Provincia, Horacio David Ortega, dos días después de que la solicitud fuera rechazada por la magistrada.

“No resultan atendibles (los motivos que esgrimió la provincia), pues de modo alguno acreditan el carácter de particular ofendido aún en un concepto amplio del término”, argumentó la jueza federal este lunes para dejar sin efecto el pedido expresado por el Gobierno que dirige Gustavo Valdés.

“Sin desconocer el valor en la pretensión de los peticionantes en la búsqueda de protección a los menores -desde el desaparecido L.D.P, hasta los que son hijos/as de detenidos/as o citados como testigos del caso-, estimo que este objetivo de "tutela reforzada" dirigida a este sector vulnerable, siempre considerados en función de las particularidades del caso; están cubiertas con los órganos predispuestos para ello según sus roles: asesores de menores, jueces de familia como las propias autoridades del caso”, señala un extracto de la resolución cuestionada de la magistrada y que ahora definirá una Cámara de Apelaciones.