Jueves
26 de Diciembre de 2024
SENADO
10 de julio de 2024
Se busca modificar la parte del texto que deja exento a los progenitores.
Luego de ser aprobado en el recinto, pero devuelto para un tratamiento en particular para modificaciones en la redacción, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunió este miércoles para tener encuentro informativo sobre el articulado del proyecto que modifica el Código Penal y endurece las penas por la compra y venta de menores.
En medio de la conmoción por el caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes, la comisión que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto recibió a diferentes invitados para ampliar el debate sobre la redacción del artículo 1ero. que modifica el 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores.
En la sesión del jueves pasado fue este punto el que tuvo discrepancias y derivó en el regreso del despacho a comisiones para su tratamiento en particular. La iniciativa había recibido media sanción por unanimidad -63 votos afirmativos- del Cuerpo en el recinto.
Entre los expositores estuvieron el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; la defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham; el juez del Tribunal Oral de Menores Nº2, Diego Freedman; el abogado y profesor de Derecho Penal, Horacio Romero Villanueva; Damián Muñoz, en representación de la Defensoría General de la Nación; y Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otros.
En el inicio de la reunión de Justicia y Asuntos Penales, el titular anunció dos modificaciones en la nómina de senadores que la componen: En primera instancia, la pampeana María Victoria Huala reemplazó a al misionero Martín Göerling Lara; y el radical Daniel Kroneberger hizo lo mismo con el catamarqueño Flavio Fama.
El objetivo de esta comisión es arribar a un despacho en conjunto entre todos los integrantes ya que el tema tiene el aval del oficialismo, los dialoguistas y la oposición. Al finalizar las exposiciones, el riojano Pagotto anunció el pase a un cuarto intermedio para volver a reunirse y así unificar un dictamen que sea llevado al recinto nuevamente.
DEBATE
El primer expositor fue Mariano Borinsky, quien destacó los proyectos de Antonio Rodas y Carolina Losada. Luego, indicó: “Son delitos de extrema gravedad que deben estar tipificados en el Código Penal con una categoría independiente y me parece adecuada la tipificación en los delitos contra el Estado civil”.
De igual manera, continúo: “El Código habla de apoderamiento y el delito está en el carácter de ese apoderamiento”. A su vez, sugirió: “Poner entrega -como palabra- entra en adopción. Prefiero poner ‘entregar’ e incluir ‘ilegítimamente’ porque le da la tipificación de las conductas ilegítimas”.
Ratificó, además, que “va a ser delito con o sin precio o premiso·, pero advirtió que “el precio es agravamiento de la pena y ambas conductas consideradas delictivas”.
“Cuando hay precio debe ser agravada y la conducta sin precio es delito y es más grave la conducta por precio”, reiteró Borinsky, y remarcó: “con este sencillo agravado estamos mostrando que la compra y venta es más grave cuando hay precio”.
La santafesina Carolina Losada planteó una duda sobre el concepto de entrega legítima y el letrado le explicó: “Son las adopciones por un tiempo breve cuando el padre o madre dejó al hijo porque viajó y así queda subsanado”.
La defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, afirmó que “en la República Argentina, la compraventa de niños con precio es para fines adoptivos”. Además, cargó que “aquel que compra un niño, siempre va a tener un papel de origen ilegitimo”.
Ejemplificó con el caso Forneron y recordó: “El acta lo labra una defensora de los derechos del niño porque siempre hay un documento, y se siguen entregando a pesar de estar prohibido en el Código Civil”.
Respecto a este debate, fue concreta: “Estoy de acuerdo con la tipificación, pero eso no es suficiente para evitar que se sigan haciendo con fines adoptivos”. Exigió poner “fines adoptivos” en la redacción y mencionó que se pagan hasta 10.000 dólares en estos casos.