El abogado Pablo Vianello, patrocinador de una familia que fue desalojada este miércoles de su vivienda en el barrio Las Palmeras, en Resistencia, apuntó contra un funcionario provincial que tiene vínculos con negocios inmobiliarios y aseguró que este es un caso de “tráfico de influencias” y de “clara y concisa corrupción”.

La situación se precipitó este miércoles con la ejecución del desahucio por parte de la Justicia, que ordenó retirar del inmueble todas las posesiones de la familia Cáceres, compuesta por cuatro integrantes entre ellos dos niños.

“Mi cliente se estableció en este lugar, construyó su casa ladrillo por ladrillo, tiene el RUBH (Registro Único de Beneficiarios del Hábitat) y ahora viene un funcionario del gobierno de Leandro Zdero con un boleto de compra-venta que no tiene certificación y se lo saca”, dijo Vianello.

El funcionario al que hace referencia es Guillermo Pereyra Iglesias, vocal de la empresa estatal Sameep, quien además es propietario de una inmobiliaria en la capital provincial.

El profesional del derecho aseguró que ya presentó una denuncia penal por estafa procesal en referencia a las supuestas irregularidades mediante las cuales Pereyra Iglesias habría comprado el terreno que ahora reclama.

El actual funcionario provincial afirma -según consta en el expediente que ordenó el desalojo- que le compró el terreno a una mujer por un valor de 15 mil dólares.

Pero, de acuerdo con Vianello, al tratarse de terrenos fiscales (el barrio Las Palmeras se levantó en las tierras del ex Campo de Tiro que pertenecían al Ejército y luego fueron expropiadas en favor del Estado Provincial) no pueden ser comercializadas entre privados.

“Por eso decimos que ningún acto que surja de algo prohibido por la ley puede ser legal; por eso el boleto de compraventa que tiene este señor no está certificado ni por un escribano ni por un Juzgado de Paz”, remarcó.

“Esto es tráfico de influencias y un claro y conciso hecho de corrupción; llama mucho la atención que en cuatro años no pasó nada respecto a la orden de desalojo, y ahora en febrero, casualmente después del cambio de gobierno, se acelera todo”, acotó.

Vianello deslizó que este tipo de maniobras podrían tratarse de negocios inmobiliarios con terrenos del Estado y que pedirá que la Justicia investigue este caso.

El abogado dijo que es imposible que un privado le haya vendido el terreno a Pereyra Iglesias puesto que no se puede comercializar algo que no es propio.

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