Era cantado que el asunto terminaría judicializándose, como ocurre cada vez que se pone en tela de juicio la legitimidad y legalidad de un sistema. No es nuevo que se discute el tema de las multas tomadas por radares y no desde la mirada de promover altas velocidades y si no básicamente la falta del derecho a defensa del supuesto infracción y la ubicación de los equipos, que muchas veces no da con las distancias de frenado necesarias.

Lo cierto es que como lo anunció, la Defensoría del Pueblo presentó un recurso de amparo y una medida cautelar para que se revise el sistema de multas en rutas nacionales y provinciales que pasa por Chaco y obtuvo el visto bueno del Juzgado Civil y Comercial 21, a cargo de Julián Flores.

El magistrado instó a suspender los efectos administrativos de las multas. . “La falta de notificación adecuada y la falta de información suficiente verían afectados los derechos al debido proceso y defensa de la propiedad”, dice una parte del fallo.

Lo cierto es que en la Defensoría indican que recibieran cientos de consultas en las últimas luego de que la Provincia habilitara una página web para hacer consultas sobre si titulares de vehículos tenían multas y muchas datan de 2022, cuando los supuestos infractores nunca fueron notificados y cuando desde el Gobierno le dijeron que los equipos no funcionaban.

INTIMACIONES

Finalmente, uno de los presupuestos para dar lugar a una medida cautelar es el peligro en la demora, es decir la necesidad de actuar rápido para frenar un potencial perjuicio y en este caso existían ciudadanos que tenían intimaciones prejudiciales por multas de montos millonarios, en algunos casos que iban entre los 4 y los 6 millones de pesos.

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