Desde el inicio de su gestión, el gobierno nacional planteó un esquema de recorte del gasto público, que impactó de manera directa en la economía de los trabajadores. El objetivo de máxima es alcanzar el superávit fiscal, pero la inflación aún sigue en niveles muy elevados.

En este escenario, los jubilados son de los más perjudicados. La pérdida del poder adquisitivo se aceleró en los últimos meses y el monto de las pensiones quedó erosionado por la suba de los precios. Por este motivo, el Gobierno confirmó que dará un bono adicional en marzo.

De todas formas, resta definir el monto de la bonificación que se otorgará el próximo mes: “Hay bono porque la fórmula actual los desfavorece”, aseguraron en el Palacio de Hacienda.

A esto se suma que las jubilaciones se actualizan a través de la fórmula de movilidad, cuyo porcentaje para los próximos meses aún se desconoce. Solo a modo de ejemplo, el Centro de Economía Política (CEPA) calculó que actualización alcanzaría el 29,79%. Si se confirma ese porcentaje, la jubilación mínima pasaría de 105.713 a $137.204, sin contar los refuerzos.

La Ley de Movilidad Previsional que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte y el índice general de salarios del Indec.

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