De aprobarse sin cambios en el Congreso lo que queda de la “ley ómnibus” que impulsa Javier Milei  el Chaco sufriría un fuerte recorte de en materia de infraestructura.

Es que tal y como quedó el dictamen de comisiones sobre la polémica iniciativa, el gobierno nacional se reserva la potestad de renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, entre los cuales se encuentran los de obra pública. 

Las alertas se encendieron en la última semana entre algunos intendentes chaqueños, que le reclamaron a los legisladores nacionales por el Chaco que busquen alternativas para que la “ley ómnibus” no salga con estas concesiones al gobierno de Milei.

Para mayor preocupación de gobernadores y jefes comunales, esta última semana se produjo un cimbronazo político con la salida intempestiva del ministro de Infraestructura de la Nación, Guillermo Ferraro, y el anuncio del gobierno de que esa área sería absorbida por Economía, a cargo del “ajustador” Luis Caputo.

Y este domingo, en un artículo que publica el medio Infobae, se habla de que la provincia perdería al menos 24 obras públicas que ya estaban presupuestadas, en proceso de ejecución o por iniciarse.

Si bien se espera un arduo debate en la Cámara baja en la sesión de este martes, la atención estará puesta en este tema y si el Chaco y las demás provincias podrán avanzar con estos proyectos de infraestructura.

El artículo 33 del texto original de la mega ley que quiere Milei había encendido alarmas en los gobernadores, entre otros motivos, por la posible paralización de obras financiadas por la Nación en sus provincias. 

A la preocupación de los mandatarios, se sumaron las objeciones de la oposición dialoguista por la amplitud de las facultades de revisión de contratos que le otorgaba al Presidente, el mensaje de “inseguridad jurídica” que daba, así como la litigiosidad que podría generar “por la responsabilidad contractual”.

Las obras que quedarían frenadas

Según el análisis realizado por Infobae del Mapa de Inversiones on line implementado por el ex Ministerio de Obras Públicas, el total de proyectos durante la anterior gestión asciende a 7.276 en todo el país financiadas por el Gobierno nacional. 

El número incluye a las de AySA, Vialidad Nacional, Corredores Viales SA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Dirección Nacional de Infraestructuras del Transporte, entre otros organismos. De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al terminar la gestión anterior, según informaron desde esa cartera a cargo de Gabriel Katopodis hasta el 10 de diciembre de 2023.

Otras 2.185 obras estaban en ejecución, con una inversión prevista de 309.899 millones de pesos. Sin embargo, 435 no tenían avance físico, o sea no habían comenzado las obras al 6 de diciembre último, según los datos publicados en ese sitio web oficial. Son las que, desde La Libertad Avanza, habían adelantado que el Estado no llevaría adelante por falta de recursos, pese a haber sido licitadas. Quedan exceptuadas las diez en ejecución que contaban con financiamiento externo.

De esa cifra, 132 están ubicadas en la Provincia de Buenos Aires; 36 en Córdoba; 26 en Santa Fe; 25 en Entre Ríos; 24 en el Chaco; 23 en Santa Cruz; 22 en Misiones; 21 en Santiago del Estero; 17 en Tucumán; 15 en Salta; 13 en Chubut, 11 en Catamarca.

Otras 11 están localizadas en Corrientes; 10 en Mendoza; 8 en La Rioja; 6 en Jujuy, en Neuquén, en Río Negro y en San Juan; 5 en CABA; 4 en San Luis; 3 en Formosa y en La Pampa; y 2 en Tierra del Fuego.