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23 de enero de 2024

El Gobierno Nacional terminará viviendas que estén al 80% y armó un plan para que privados culminen 60 mil proyectos

Una vez terminadas, el Estado y el desarrollador se dividirán las casas. Qué podría hacer la Casa Rosada con esas propiedades.

El Gobierno de Javier Milei heredó de la gestión de Alberto Fernández un tendal de 96 mil obras de viviendas que no se terminaron y que en algunos casos presentan un nivel de avance menor al 5%.

El número, según pudo saber TN, se compone de 17.000 casas que no se finalizaron del programa Procrear; otras 16.000 de la iniciativa Casa Propia y el resto se divide entre las viviendas que quedaron inconclusas de los programas Reconstruir; Casa Activa-Casa Propia y soluciones habitacionales, que son refacciones o tareas menores que la nueva gestión dice se contabilizaban como “obra nueva”.

Como sea, para terminar este tendal de obras inconclusas, la Secretaría de Vivienda y Hábitat contará para 2024 con un presupuesto de U$S374 millones, dinero que este medio pudo saber no alcanzará para culminar los proyectos inconclusos.

Es por eso que el Gobierno tomó la determinación de terminar con presupuesto propio las obras de vivienda que actualmente tengan un avance físico del 80% o más -aunque también creen que podrían culminar iniciativas que ronden el 60 por ciento- y ofrecerá a constructoras y desarrolladores el resto de los proyectos.

El Gobierno terminará las viviendas que estén al 80%: el plan para que privados culminen 60 mil proyectos

A cambio de finalizar estas obras, el Gobierno le ofrecerá al privado quedarse con una determinada cantidad de esas viviendas para que luego las comercialice, recupere la inversión y tenga una ganancia. La cantidad de casas a entregar a la constructora dependerá del grado de avance que tenga el proyecto.

Es decir, si se trata de un complejo de viviendas que la gestión anterior dejó al 50%, la cantidad total de dinero que tendrá que poner el privado no es tan significativa como si se tratase de solo un terreno. Allí el acuerdo podría ser que la mitad de las casas quedan en poder del Estado y la otra del privado.

Ahora bien, si se trata de un proyecto que está al 5% de su ejecución y demandará una inversión mayor del privado, al finalizarse las viviendas, el 75% podría quedar para la constructora o desarrollador y el 25% para la Administración Pública.

El Estado luego definirá el futuro de esas viviendas. La actual administración no descarta que esas casas se pongan a la venta a través del Banco Hipotecario o la propia Administración de Bienes del Estado a un valor establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Este punto está en plena etapa de definición. “Muchas de las viviendas antes se usaban para asignar a dedo a sus dueños, y esta gestión quiere generar soluciones habitaciones no solo para los sectores más postergados sino también para la clase media”, dicen.

El Gobierno evalúa ofrecerle a municipios que terminen proyectos de viviendas inconclusos

En este sentido, otra de las opciones que se barajan es la de llegar a acuerdos con los municipios para que sean estos los que finalicen con fondos propios las viviendas en cuestión. Un ejemplo de esto es el programa Casa Activa-Casa Propia de Hurlingham, una iniciativa que contempla 32 viviendas para jubilados que está en un 40% de avance físico y que podría ser culminada por la gestión municipal. Claro está, la propuesta podría enfrentar la negativa de los jefes comunales que tengan presupuestos ajustados.

Por estos días el Gobierno está en plena revisión de la herencia recibida en obras de viviendas. A modo de ejemplo, el programa Reconstruir que Alberto Fernández anunció con Cristina Kirchner en 2021 contemplaba la finalización de 55 mil viviendas que supuestamente Mauricio Macri había dejado abandonadas. Del total, en los últimos cuatro años solo se culminaron cerca de 7000 y en ejecución solo hay 10 mil. Es decir que hay un universo de 38 mil viviendas sobre las que no se colocó ni un ladrillo nuevo en estos años.

También se está analizando la entrega de créditos de hasta $5 millones en el programa Procrear, que debían destinarse a refacciones o arreglos edilicios y que en buena medida fue a parar al pago de tarjetas de créditos u otros destinos.

 

 

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