La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había escrito ayer en su cuenta en X (extwitter) que se derogaba el Decreto N°735 del día 8 de diciembre de 2023 firmado por el expresidente Alberto Fernández, que determinaba la obligatoriedad del Estado argentino de brindarle custodia tanto a él como a sus familiares directos, aun viviendo en el exterior",

¡Se terminan los privilegios de la clase política!", había escrito en sus redes sociales Patricia Bullrich. El texto, difundido por la ministra, sostiene que la medida "implicaba la reestructuración de cuestiones operativas y presupuestarias que resultan contrarias al uso eficiente de los recursos y el erario público, en detrimento de las políticas impulsadas por el Estado Nacional".

"Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos", concluyó el mensaje de Bullrich.

Sin embargo, horas después la funcionaria borró el posteo, el supuesto decreto para derogar la norma no apareció en el Boletín Oficial y el vocero presidencial, Manuel Adorni no dio ninguna precisión en la conferencia de prensa sobre qué decisión tomará el Gobierno.

El decreto de la discordia, firmado por Alberto Fernández a horas de finalizar su mandato

El decreto 735/2023 fue firmado por Fernández un día antes de dejar el cargo y establecía un cambio en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, el organismo que está a cargo de la seguridad del Presidente.

La disposición se conoció a través del decreto 735/2023, a través del cual se modificaron los publicados el 26 de mayo (N° 648), el 19 de diciembre del 2019 (50) y el 28 de febrero de 2020 (194) en lo que atañe a los objetivos de la Casa Militar.

Hasta entonces, en términos reglamentarios, la Policía Federal Argentina (PFA) tenía la misión de custodiar a todos los exmandatarios únicamente sobre el territorio nacional, en caso de que requieran de este resguardo especial.

Tras el decreto firmado por Alberto Fernández, pretendía extenderse este beneficio a todos los países donde vivan quienes hayan ejercido alguna vez la presidencia y la vicepresidencia, y los beneficiados por esa norma iban a utilizar ese servicio de custodia sin un tiempo límite para su aplicación.

De acuerdo con el texto que se había publicado en el Boletín Oficial antes de su derogación, se buscaba proveer a través de la Casa Militar "la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios, y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”.

En este contexto, varios dirigentes opositores al gobierno saliente había cuestionado la iniciativa de Fernández y reclamaron por su derogación inmediata una vez iniciado el mandato de Javier Milei.

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