En los allanamientos intervinieron 22 fiscalías y oficinas especializadas. Puntualmente en la provincia de Buenos Aires, la causa abarcó los siguientes departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás y Zárate Campana.
Los arrestos se dieron este martes en 107 allanamientos simultáneos realizados en domicilios de 62 localidades de las provincia de Buenos Aires, Chaco y Santa Fe, con la participación de más de 800 efectivos de la Policía Bonaerense y la Policía Federal. Los operativos se llevaron adelante a partir del programa Operación Protección de las Infancias II, el cual tiene como principal objetivo desbaratar a las bandas que se dedican a difundir imágenes y videos de prácticas sexuales que incluyen menores.
Específicamente, la investigación de este caso se centró en detectar usuarios que hayan divulgado archivos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes entre el 30 de agosto y el 6 de octubre de 2023.
El Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del Ministerio Público bonaerense, a cargo de Eleonora Weingast, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, encabezó la investigación junto con la Ayudantía Fiscal en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Junín, a cargo de Fernando Graffigna; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 Descentralizada de Berazategui (del Departamento judicial de Quilmes) especializada en este tipo de delitos que conduce el fiscal Daniel Ichazo; y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 del Departamento Judicial Pergamino que dirige Nelson Mastorchio.
ICACCOPS aportó pistas sobre casos de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, sobre su posible producción y también sobre hechos de grooming, delitos contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino. El sistema, además, permitió identificar direcciones de protocolo de Internet (IP) asociadas a usuarios sospechosos. Así, agentes de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la División de Delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la PFA fueron tras ellos.

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