El submarino ARA San Juan (S-42) se hundía hace cinco años, un 15 de noviembre de 2017, en las profundidades del Atlántico sur como consecuencia de una serie de desperfectos técnicos que desencadenaron una tragedia en la que murieron sus 44 tripulantes, cuya recuerdo es honrado por sus familiares en un reclamo de justicia que no cesa.

En la actualidad se siguen varias causas judiciales por este hecho ocurrido durante el Gobierno de Mauricio Macri, y además un Consejo de Guerra estableció sanciones disciplinarias para los mandos superiores de la Armada con responsabilidades en ese siniestro.

La desaparición

El 8 de noviembre de 2017, la nave había partido desde la base naval de Ushuaia en una misión de patrullaje por el litoral marítimo argentino, y se sabe que un día antes de su desaparición reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio en su sala de máquinas, que resultó subsanado por la tripulación.

"Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barra de baterías. Baterías de proa fuera de servicio al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado", comunicó el comandante del ARA San Juan, el capitán de fragata Pedro Martínez Fernández, a la 7.30 del 15 de noviembre de 2017.

Ese fue el último contacto que tuvo el submarino con la base naval de Mar del Plata, cuando la nave se encontraba a 432 kilómetros de la costa patagónica, a la altura del Golfo San Jorge.

Por la noche del día 16, los medios de comunicación informaron que las autoridades habían perdido contacto con el submarino.

Horas más tarde, el Ministerio de Defensa a cargo de Oscar Aguad reconoció el extravío de la nave, y activó el protocolo SAR para la búsqueda y rescate de embarcaciones.

La búsqueda

El Gobierno de Macri solicitó ayuda internacional y navíos de Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Perú, Uruguay y Rusia participaron de un operativo que se desplegó en un área de más de casi 500 mil kilómetros cuadrados.

Con las operaciones en marcha, el 23 de noviembre, el vocero de la Marina, capitán de fragata Enrique Balbi, informó a la prensa que la Marina de los Estados Unidos y la Organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), con sede en Viena, Austria, habían detectado "un evento anómalo, corto y consecuente con una explosión/implosión" en la zona por la cual navegaba el sumergible.

Dos días después, la entonces diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió afirmaba en un programa de televisión que los tripulantes del ARA San Juan estaban "muertos", y el 30 de noviembre Defensa admitió que no había posibilidades de encontrar con vida a los marinos.

Familiares de las víctimas reclamaban que se informara cuál era la misión del submarino y rechazaron por esos días que se declarara un duelo nacional hasta que no se hallaran los restos de la embarcación.

En tanto, la búsqueda de sobrevivientes era abandonada por parte de las autoridades argentinas y la zona de rastrillaje quedaba despejada.

En Caleta Olivia, Santa Cruz, se inició dos días después de la desaparición del submarino una causa judicial a cargo de la magistrada Marta Yáñez.

En 2018, los familiares iniciaron una campaña en reclamo de "búsqueda, verdad y justicia", y reclamaban que el Gobierno licitara la contratación de un buque que realizara un rastrillaje en la zona en la cual el submarino se había perdido.

Tras 50 días de acampe en Plaza de Mayo, los familiares lograron que el Gobierno acelerara el proceso de contratación de una empresa para iniciar la búsqueda.

Las gestiones para la contratación de una empresa que se encargara de las tareas de búsqueda originó en 2018 una denuncia que derivó en un procesamiento contra funcionarios del Ministerio de Defensa, acusados de beneficiar a una firma española.

Finalmente, el Estado contrató a la empresa con sede en Estados Unidos Ocean Infinity que movilizó hasta la zona al buque Seabed Constructor, que inició la búsqueda con familiares de la tripulación del ARA San Juan a bordo.

El hallazgo del submarino hundido

El 17 de noviembre de 2018, la Armada confirmó que el Seabed había detectado al submarino a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica, a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El hallazgo se produjo mediante el empleo de dispositivos submarinos y con un equipo de operación remota dotado de cámaras de alta definición.

Los restos del ARA San Juan estaban muy cerca de la posición donde el buque oceanográfico chileno "Cabo de Hornos" había indicado que podía encontrarse, una información aportada en diciembre de 2017.

La embarcación tenía el casco "totalmente deformado, colapsado e implosionado" y sin "aberturas de consideración", partes de la hélice enterradas y restos desperdigados en un radio de 70 metros.

En julio de 2019, la Comisión Bicameral estableció en un dictamen que hubo "una clara responsabilidad política y administrativa" de Aguad y sus funcionarios en el hundimiento del submarino.

De los 12 legisladores de la comisión, cuatro integrantes del oficialismo de Cambiemos firmaron en disidencia este informe, que también estableció que el submarino no resultó hundido como consecuencia de un ataque o debido a falencias en el proceso de refacción que concluyó en 2014.

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