Jueves
31 de Octubre de 2024
19 de octubre de 2023
Estados unidos pide rastrear cuentas de funcionarios políticos del Norte grande
En estos días se conoció la noticia de pesquisas requeridas a la justicia estadounidense por un fondo de inversión que demanda a la Argentina por bonos impagos, pero esta noticia incluye a funcionarios políticos del Frente Cívico
En una demanda de un fondo de inversiones se solicitó una medida para buscar transacciones electrónicas de numerosos candidatos y funcionarios argentinos, entre ellos el gobernador Zamora, los senadores Neder y Montenegro.
Los holdouts sospechan que podrían tener cuentas no declaradas en dólares y pedirán eventualmente su embargo para cobrar la deuda que reclaman. En ese caso, los aludidos tendrán que explicar el origen de esos fondos.
Se trata de un “discovery” requerido por el abogado Dennis Hranitsky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, interpuesto ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil. Ese instrumento legal busca que la justicia allane el secreto bancario para acceder a transacciones electrónicas efectuadas por funcionarios argentinos, los cinco candidatos presidenciales, sindicalistas, empresas del Estado y privadas, junto a algunos gobernadores, como Gerardo Zamora. El periodista Alejandro Bercovich reveló la lista completa de apuntados en la revista Crisis.
En el segundo orden de prioridad figuran, además del gobernador santiagueño, los senadores José Emilio Neder y Gerardo Montenegro. Hay que destacar que, después de funcionarios de la provincia de Buenos Aires –con Axel Kicillof a la cabeza-, es el grupo más numeroso entre los gobiernos provinciales
En el caso de la Liga de Gobernadores se pide información sobre los titulares de cada Poder Ejecutivo, como Gildo Insfrán (Formosa), Jorge Capitanich (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán), Juan Schiaretti (Córdoba), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Alberto Rodriguez Saá (San Luis), Omar Perotti (Santa Fe) y Beatriz Rojkés de Alperovich, la exsenadora y esposa del exmandatario tucumano José Alperovich.
Todos esos gobernadores integran el ariete que conspiró desde el Concejo Federal de Inversiones (CFI, que prodiga generosos aportes extras entre ellos) para boicotear -con aval de Cristina Fernández de Kirchner y la voz cantante de Zamora- la candidatura de Eduardo “Wado” de Pedro-Juan Manzur e imponer a Sergio Massa-Agustín Rossi.
Hranitsky sospecharía que esos gobernadores y –en el caso de Santiago, sus máximos socios políticos- tendría cuentas millonarias en dólares en el exterior, sobre todo en EEUU, paraísos fiscales y en Suiza. El periodista Carlos Pagni sostuvo en La Nación (12/10/23) que se busca “penalizar a funcionarios del gobierno nacional y provincial que hayan realizado operaciones que, además de debilitar las reservas, traficarían dinero mal habido
Ese estudio pidió a la jueza Vyskocil que requiera “al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires”. El abogado Hranitzky representa a dos entidades, Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que el 29 de marzo pasado ganaron un juicio contra el gobierno bonaerense por U$S 35.092.958. Son bonistas que no aceptaron el canje ofrecido por Kicillof y buscarían embargar cuentas de funcionarios y empresas argentinas para resarcirse.
Por eso solicitaron esa pesquisa a la justicia estadounidense, con el fin de ubicar esos depósitos que se habrían efectuado a través de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), una red de cooperación financiera radicada en Bélgica. Una vez identificados esos fondos solicitarían su embargo para obligar a cumplir las demandas exigidas.
Hranitzky ya tiene experiencia porque en 2012 logró que un grupo de holdouts embargaran la fragata Libertad en Ghana, y en 2020 participó de la reestructuración de los títulos de bonistas acordada con el exministro de Economía, Martín Guzmán.
El abogado le dijo a Pagni: “Cuando descubrimos el papel de Mossack Fonseca en la Ruta del dinero Kirchner aprendimos que el discovery estadounidense es una herramienta muy poderosa para descubrir el robo de fondos estatales por parte de funcionarios públicos. Todos vimos lo que sucedió en 2013 cuando surgió esa historia, y estamos ansiosos por ver qué más emerge a medida que tiramos de este nuevo hilo”.
Lo sugestivo es que el gobernador santiagueño y sus socios políticos aparecen en la segunda categoría (de tres) dentro de la información requerida por ese fondo buitre, que ya logró acceder a información de otros bancos y no se descarta que tenga indicios de depósitos de los mencionados en la larga lista. Hranitzky sostuvo que el Swift es considerado “el nervio central de la industria bancaria global porque maneja unas 11 millones de transacciones por día”. Por eso solicitó todo tipo de información que ese sistema posea desde el primer día de 2013 hasta la fecha e incluso aclararon que se la intime a enviar copias en caso de haberse destruido los documentos.
En los documentos presentados en la corte norteamericana, se indica que “los datos de SWIFT que han producido hasta la fecha, junto con los informes públicos, indican que los funcionarios del gobierno de la Provincia de Buenos Aires pueden haber estado malversando sistemáticamente fondos públicos y transfiriéndolos fuera de Argentina. Estas transferencias son recientes, inexplicablemente cuantiosas para los servidores públicos, y se han realizado mientras la población argentina vive bajo una inflación galopante, una pobreza generalizada y estrictos controles de capital que limitan el flujo de dólares estadounidenses fuera del país”. Si bien se refiere al grupo 1 de funcionarios bonaerenses, podría extenderse a los demás apuntados de los grupos 2 y 3.
Esto implicaría que de localizar esas cuentas con fondos millonarios en dólares podrían se embargadas y ejecutadas para que los holdouts cubran sus pretensiones.
Pero a nivel doméstico, esos funcionarios podrían ser investigados y obligados a dar explicaciones sobre el origen de esos fondos, que no concordarían con sus declaraciones juradas de bienes ni sus ingresos. Sólo Montenegro reconoció cuentas en EEUU por unos pocos miles de pesos en EEUU e incluso inversiones en una farmacéutica internacional. Al parecer, esta historia recién comienza y sus derivaciones serían sorprendentes.
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