El gobernador chaqueño había prohibido a la comunidad de Napalpí emigrar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, con el objetivo de retenerlos en la zona de manera forzosa y así obtener mano de obra barata.

Sin embargo, las condiciones de vida y de trabajo eran paupérrimas. No solo realizaban las labores sin percibir remuneración, sino que además eran coaccionados a hacerlo bajo circunstancias violentas e indignas. Esto motivó que un centenar de habitantes de dichas comunidades se refugiaran en montes cercanos, a modo de huelga.

¿Qué pasó ese 19 de julio de 1924?

En este marco, el gobernador Centeno emitió una orden para que repriman a los trabajadores que se negaban a realizar sus tareas, enviando a más de 130 hombres a rodear la zona. Allí, comenzó la matanza.

Al menos 700 personas fueron asesinadas. Según la reconstrucción histórica, quienes no murieron por las balas policiales, fueron degollados con machetes y hachas. En el operativo también se utilizó un avión que, según el testimonio de algunos de los descendientes de la comunidad, lanzó alimentos para atraer a quienes estaban en el monte y poder masacrarlos.

Muchas de las víctimas fueron enterradas en fosas comunes luego de ser mutiladas para obtener "trofeos", como testículos, pechos y orejas.

La vida después de Napalpí

Los sobrevivientes de la masacre debieron guardar silencio durante décadas, por temor a posibles represalias por hablar y contar lo sucedido.

Fue el historiador qom Juan Chico quien, a partir de los relatos de su abuela Saturnina, empezó a investigar los hechos y recolectó testimonios y evidencias. Esto permitió empezar a romper el silencio histórico sobre lo ocurrido.

Tuvieron que pasar 98 años para que se declare esta masacre como un crimen de lesa humanidad, cometido en el marco de un genocidio a los pueblos indígenas. Con el veredicto de la jueza federal Zunilda Niremperger, el pasado 19 de mayo de 2022 culminó el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, luego de un mes de audiencias.

El dictamen estableció que existió responsabilidad estatal en la matanza. Por esto, la jueza fijó una amplia difusión del juicio y de la sentencia, ordenando al Estado nacional la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, con participación de las víctimas. Además, ordenó la realización de un museo y sitio de memoria en el lugar de los hechos.

Por otro lado, exhortó al Estado Nacional a que implemente un plan de reparación histórica a los pueblos Qom y Moqoit y que fortalezca las políticas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia en las que se garantice la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, educativos y culturales.

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