Además, el 29,8% del total de los ocupados residía en hogares en situación de pobreza y este porcentaje se incrementa a casi el 50% en el caso de los trabajadores que no terminaron el secundario.

Respecto al trabajo infantil, se observa que la participación  se distribuye de maneras muy diferentes según el sector socioeconómico de pertenencia. Un niño/a del sector muy bajo tuvo 3 veces más chances de trabajar que un par del sector medio alto lo que consecuentemente genera un déficit educativo, y todo se vuelve un circulo vicioso.

En los últimos 6 años aproximadamente 4 de cada 10 niños/as que trabajaron tuvieron déficit educativo. Un niño que trabajó mientras hizo el primario  tuvo el doble de chances de cursar con sobreedad o de abandonar la escuela que uno que no lo hizo, y dicho déficit alcanzó a la mitad de los y las adolescentes que trabajaron.

El fenómeno evidencia que tener un trabajo ya no es garantía frente a la pobreza. Además muestra los límites del mercado laboral en la actualidad como espacio de integración socioeconómica y  la importante dependencia de los estudios básicos mínimos para poder acceder a trabajos de mejor calidad y remuneración.

La Universidad Católica Argentina (UCA) a través de su Observatorio para la Deuda Social presentó una serie de informes que dan cuenta del escenario laboral en Argentina post Covid -19.  En una serie de documentos, hacen un relevamiento de la situación laboral general, el impacto y la relación con la pobreza y el trabajo infantil.

Los datos presentados en este informe confirman un proceso de deterioro en el mercado de trabajo a lo largo de la última década y, en particular, ante la crisis por COVID-19. Se cuantifica el impacto que la inactividad generó en vastos sectores de la economía, tanto en empleados y trabajadores por cuenta propia como en patrones y empleadores. Al mismo tiempo, se muestran los desiguales efectos de la reactivación post Covid19 con la generación de puestos de trabajo mayoritariamente precarios y por cuenta propia.

El estudio revela entre otros datos que, sólo el 40,3% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos. Mientras que el 8,7% de esta población se encontraba abiertamente desempleado y el 23% sometida a un subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación). Al mismo tiempo, el 28% contaba con un empleo regular pero precario (con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia, pero sin afiliación alguna al Sistema de Seguridad Social).

Por otro lado en la evolución de los ingresos laborales según la calidad del empleo, se observa un deterioro tanto del empleo pleno, como del precario y el inestable. En todos los relevamientos, el nivel de ingresos se encontraba por debajo del registrado al inicio del estudio en 2010.

Otro de los aspectos relevados fueron los aportes a la seguridad social, en vistas de un sistema jubilatorio que se encuentra totalmente quebrado y en proyecciones a futuro, la situación no mejora: El nivel de registración laboral que presentan los trabajadores es limitado. En 2022, el 49,8% del total de los ocupados carecía de aportes al Sistema de Seguridad Social. Especificando, se observa que los empleadores no le realizaban los aportes jubilatorios al 36,9% de los asalariados y que el 69% de los trabajadores por cuenta propia no realizaban el pago de sus aportes jubilatorios.

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