La presentación de la iniciativa generó alarma en la oposición, que advirtió sobre una supuesta "escalada del kirchnerismo contra Jujuy".

"La escalada del kirchnerismo contra Jujuy no para, pese a las palabras del Presidente en cadena nacional", alertó el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, en una publicación de Twitter.

El cordobés avisó que el proyecto de Marziotta es "una barbaridad inaceptable" que desde Juntos por el Cambio rechazarán rotundamente en todos los ámbitos.

El texto oficialista establece en su primer artículo la declaración de "la intervención federal de la Provincia de Jujuy, en los tres poderes provinciales, para restablecer la forma representativa, republicana y federal de gobierno (artículo 6º, C.N.), en resguardo de la vida, integridad y libertad de las personas humanas, y restablecer la supremacía de la Constitución Nacional (artículo 36, C.N.), y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (artículo 75, inciso 22º CN)".

Según la diputada kirchnerista, la intervención de los tres poderes del Estado jujeño se justifica a raíz del "intento de alterar la estructura jerárquica del orden jurídico" de la Constitución Nacional y "la ostensible lesión" a los derechos de "reparación histórica a los pueblos originarios".

Según consideró, la reforma parcial de la Constitución de Jujuy "no solo tuvo particularidades en términos de forma, conformación y procedimiento, tales como las circunstancias de la jura, la elección del gobernador como constituyente y la extrema rapidez en que se modificó todo un texto constitucional, sino que también estableció contenidos que contradicen los principios consagrados en la Constitución Nacional de la República Argentina y la supremacía de la norma en sí misma".

"La libertad de expresión y el derecho a la protesta constituyen no sólo garantías constitucionales, sino también son la base indispensable del funcionamiento del sistema democrático", plantea el proyecto en sus fundamentos.

En ese sentido, Marziotta considera que la reforma constitucional promovida por el gobernador Gerardo Morales "resulta inconstitucional y antidemocrática, en tanto pretende avasallar derechos constitucionales establecidos en la ley suprema de la nación".

"Es necesario destacar que, además de los motivos previamente mencionados, la provincia de Jujuy posee antecedentes recientes de alteración de la forma republicana de gobierno, en tanto su poder judicial no solo es dependiente del poder político, sino que de hecho se encuentra cooptado por este en gran medida. Esto se refleja en la ampliación por ley del Tribunal Supremo de la provincia de 5 a 9 miembros, donde dos de los nuevos miembros incorporados fueron diputados que votaron dos días antes por esta ampliación", ejemplificó.

"Aún más, el gobernador instó a renunciar a tres de los integrantes previos, con el pretexto de imponer su propia mayoría. Además, la provincia de Jujuy registra un historial de persecución y presos políticos, teniendo el caso de Milagro Sala como antecedente", agregó.

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