El plan deberá trazarse de acuerdo con las necesidades y particularidades de los establecimientos. Para ello las condiciones edilicias tanto de las dependencias policiales como de las penitenciarías serán adecuadas de modo que cumplan con el marco normativo aplicable y al desarrollo de acciones orientadas a asegurar la vigencia concreta de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Además, la sentencia 135/23 de la Secretaría de Asuntos Constitucionales Nº 3, requirió a Procuración General, Defensoría General, juzgados de Ejecución Penal y cualquier otra autoridad competente que determinen la situación procesal de las personas alojadas en las comisarías provinciales para coordinar los traslados de quienes tengan condena firme a las dependencias correspondientes.

Esto se hará con la mayor premura posible, en forma gradual y paulatina con el fin de corregir con celeridad la situación "hasta alcanzar los niveles de equilibrio que garanticen la adecuación a las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos". También ordenó que estas medidas sean coordinadas entre la Jefatura de Policía y el Servicio Penitenciario Provincial.

Finalmente, el STJ instó a las autoridades y organismos a que continúen trabajando en las mesas que oportunamente se conformaron.

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