Miércoles 8 de Octubre de 2025

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JUDICIALES

8 de octubre de 2025

Hoy se conocerá el veredicto por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner

Los acusados ya dijeron sus “últimas palabras” y ahora se espera el pronunciamiento del TOF N° 6.

Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló un arma en la cabeza de la entonces vicepresidenta, tiene un pedido de condena de 15 años de cárcel por tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, por violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego. La Fiscalía General N° 3, a cargo de la fiscal Gabriela Baigún, lo señaló como autor del atentado y también le imputó la receptación ilegítima y portación ilegal de un arma de guerra.

 

Brenda Uliarte, exnovia de Sabag, también fue acusada por el intento de asesinato, aunque en calidad de partícipe necesaria. Para ella la fiscal Baigún solicitó una condena de 14 años de prisión, con el agravante por violencia de género incluido.

El tercero que llegó a juicio es Nicolás Carrizo, a quien se lo identificó como “jefe de los Copitos”. Será absuelto por los jueces dado que la querella y el Ministerio Público Fiscal retiraron la acusación en su contra, al entender que durante el debate oral y público se probó que no tuvo ninguna participación en el hecho.

Últimas palabras

 

Fernando Sabag Montiel empezó su declaración final con un intento por comparar su caso con la muerte del fiscal Alberto Nisman. La presidenta del Tribunal, Sabrina Namer, lo interrumpió y le demandó que se enfoque en lo que ocurrió en el juicio.

Luego siguió su alocución con desvaríos, sugirió que quieren matarlo y que “le quieren tirar el muerto” al diputado del PRO Gerardo Milman, quien fue investigado por su presunta vinculación con la planificación del atentado. “Me parece una bajeza total cómo lo incriminaron”, se quejó el acusado.

Por último teorizó que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, le pidió personalmente a Cristina Kirchner durante su último encuentro en San José 1111 “que se encargue” de una supuesta intención de extraditarlo que tendría el país vecino.

Brenda Uliarte, por su parte, no hizo uso de sus últimas palabras. En la sala de audiencias está rodeada por varios agentes del Servicio Penitenciario Federal, que la custodian para que no tenga contacto con otras personas.

Nicolás Carrizo se pronunció brevemente y lamentó su paso por la cárcel: “Siento esa impotencia por dentro por haber pasado preso estos tres años que nadie me los va a devolver. Me gustaría que esto no le pasara a nadie más”, dijo.

Los pedidos de las defensas

En sus respectivos alegatos, las defensas de Sabag Montiel y Uliarte pidieron que sean absueltos y que se los declare inimputables por sus condiciones de salud mental.

“Fue esclavo de su delirio mesiánico”, justificaron los patrocinadores de Fernando Sabag Montiel, Fernanda López Puleio Nicolás Ossola.

Además, esa defensa introdujo el argumento de que el intento de magnicidio fue un “delito imposible”, ya que la pistola Bersa calibre 32 que fue apuntada hacia la cabeza la ex presidenta de la Nación “nunca tuvo bien colocado el cargador”.

A esta línea también adhirió Eduardo Chittaro, defensor de Brenda Uliarte: “No es que ‘la bala no salió’, acá el asunto es que la bala no podía salir, que es algo muy distinto. La diferencia es fundamental”, alegó el letrado.

La reconstrucción de la Fiscalía

El juicio contra los ejecutores del atentado comenzó a fines de junio de 2024, y en poco más de un año declararon 157 testigos. En paralelo se investigó la “pista Milman”, que apuntaba a esclarecer si hubo autores intelectuales detrás de “los Copitos”. El principal señalado fue el diputado del PRO Gerardo Milman.

Esa causa se archivó parcialmente la semana pasada, aunque el legislador aún no fue sobreseído por la jueza María Eugenia Capuchetti. La decisión fue apelada por los abogados de CFK.

A partir de las pruebas recabadas durante la investigación y el debate, la fiscal Baigún estableció que asesinar a la entonces vicepresidenta fue “una decisión adoptada previamente por ambos” -por Sabag y Uliarte- con la finalidad de “impedir que siga desarrollando su vida política”, y en la que existió una carga de “violencia de género”.

 

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