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JUDICIALES

29 de noviembre de 2022

Procesaron al ayudante fiscal Ariel Peña, acusado de jefe narco

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La jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó con prisión preventiva al ayudante fiscal de la fiscalía de narcomenudeo en Castelli, Ariel Peña, acusado de liderar una banda narcocriminal integrada por gendarmes, policías y dealers.

En su declaración, Peña apuntó contra la policía de Castelli, a la cual acusó de connivencia con narcos, y agregó que su ex pareja lo denunció por despecho. También fueron procesados otros siete uniformados. A todos se les otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

El ayudante fiscal de la fiscalía de narcomenudeo en Castelli, Ariel Peña, y otros siete policías y gendarmes fueron procesados por la jueza Federal, Zunilda Niremperger, acusados de integrar una banda narcocriminal dedicada a la comercialización de drogas en la zona de Castelli, Miraflores y Tres Isletas. Si bien se les dictó prisión preventiva, todos lograron el beneficio de la prisión domiciliaria.

Además de Peña, Niremperger procesó a los policías del Chaco, Cristian Obregón y Héctor López y a los gendarmes, José Noguera, Ricardo Boituzat, Patricia Giménez, Ariel Alejandro y Enzo Aguirre. La imputación que les cabe en esta etapa de la investigación es por los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de estupefacientes bajo la modalidad de comercio y distribución doblemente agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica en concurso real entre sí. Todos están procesados en calidad de miembros de la banda, salvo Peña que está sindicado como el jefe de la organización.

Al fundamentar el por qué de las detenciones, la jueza consideró que de continuar en libertad y regresar a sus funciones habituales, podrían entorpecer el normal desenvolvimiento de la investigación. De todos modos, consideró que no hay motivo alguno para que los acusados no puedan atravesar su detención en sus casas “sin que esto signifique poner en riesgo los fines del proceso”.

Además del procesamiento y la detención, se les trabó embargo a sus respectivos bienes: a cada uno se le impuso el monto de 1.500.000 pesos, con excepción de Peña cuyo embargo se elevó a dos millones de pesos.

 

Detalles

Con fecha del 18 de noviembre pasado, el fallo firmado por Niremperger es extenso: tiene 146 páginas. En él hay un exhaustivo detalle de los hechos que demostrarían el funcionamiento de la organización, la desgravación de varias intervenciones telefónicas y la georreferenciación de los celulares de los distintos sospechosos previo y durante los días en donde se produjeron los operativos observados por la Justicia Federal.

Antes de eso hay una mención: la declaración indagatoria de Peña. Entre la serie de acusaciones que pesan sobre él, el ayudante fiscal aseguró que la que lo sindica como el responsable de colocar rótulos de la justicia a los cargamentos de drogas incautados de manera ilegal para no ser molestado en los controles policiales, es un invento que surgió por una “venganza” de su expareja.

Apuntó contra la División de Drogas de Castelli a quien acusó de ser ellos quienes dejaban operar narcotraficantes en la zona “bajo su consentimiento”. Negó tener contacto con los imputados de la causa, salvo para cuestiones netamente laborales, y reiteró que su tarea no es de investigar sino de realizar allanamientos “con orden en mano”.

 

Informante 101

Hay una pieza clave en esta investigación. Se lo denominó “Informante 101”. Es un testigo de identidad protegida quien brindó detalles muy importantes para entender tanto la metodología de la organización criminal como para individualizar a los integrantes.

Según este informante, cuyo relato forma parte del expediente judicial, Peña tenía dos formas para abastecerse: una era a través de proveedores directos, que lo abastecían con grandes cantidades. Y otra eran en los propios operativos que él comandaba junto a sus policías de confianza.

En los allanamientos que lo tenían al mando, sólo una parte de lo incautado era incluida en los registros oficiales mientras que el resto quedaba para la banda, por fuera del radar de la Justicia. Luego, la sustancia era reinsertada al circuito ilegal de comercialización a través de revendedores que operarían bajo sus órdenes.

El testigo indicó además que, para mantener a raya al mercado, apoderarse del territorio y limpiar a la competencia, lo que hacían era operativos montados. ¿Cómo? Obligaban a los vendedores de drogas que respondían a su organización a que contacten a otros dealers, que no estaban incluidos en la banda. La idea era simular una transacción. Tras pactar un día y lugar, Peña y sus policías de confianza los estarían esperando para interceptar el cargamento y posteriormente quedarse con todo.

Peña tendría además a su cargo casi una veintena de dealers que comercializaban droga para él. El ayudante fiscal, de acuerdo a la denuncia, se aseguraba que le sean leales. Es que, si no cumplían con la venta de droga que él les facilitaba, o no le prestaban la colaboración necesaria para eliminar a otros eventuales competidores, eran amenazados con ser investigados o detenidos.

De hecho, se dieron casos en los cuales se les armaron causas a dealers en operativos presuntamente fraguados y conducidos por Peña para que, una vez recuperada la libertad, el vendedor se sume a su organización, pero ahora bajo sus órdenes.

 

La Gruta

Si bien la resolución de Niremperger desglosa varios operativos sospechosos, hay uno que es paradigmático: el de la Gruta de San Expedito. Este procedimiento se realizó el 17 de mayo de 2021, a las 20, en la ruta nacional 95, cerca de Tres Isletas. Culminó con un detenido, Aldo Alberto Geréz, y con el secuestro de 977 gramos de cocaína.

Cuatro meses más tarde, el testigo de identidad reservada confió al subalféres de Gendarmería, Brian Ángel Carlos, que ese procedimiento fue totalmente irregular. Sostuvo que Peña habría intermediado con otro sujeto para contactar a una persona que sería proveedor de estupefacientes en Sáenz Peña, cuyo apodo es “Chupa Chichi”. La idea era montar un procedimiento con personal de la Gendarmería Nacional y proceder a su detención.

De acuerdo a los testimonios, escuchas y seguimientos de celdas telefónicas, la versión parece concordar: el operativo habría sido craneado varios días antes por Peña con la colaboración de Boituzat, quien oficiaría de “agente revelador”. Es decir, quien se haría pasar por comprador de la sustancia. El dinero, estimado en un millón de pesos, habría sido aportado por el propio agente fiscal.

La figura de “agente revelador” está contemplada en el artículo 5, de la Ley 27.319. Establece que  será considerado agente revelador todo aquel agente de las fuerzas de seguridad o policiales designado a fin de simular interés y/o ejecutar el transporte, compra o consumo, para sí o para terceros de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de cualquier otra actividad de un grupo criminal, con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a las víctimas o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos. En tal sentido, el accionar del agente revelador no es de ejecución continuada ni se perpetúa en el tiempo, por lo tanto, no está destinado a infiltrarse dentro de las organizaciones criminales como parte de ellas.

Para poder encuadrar esta actividad dentro de la ley, se debe respetar el artículo previo el cual deja aclarado que para hacer esto, un juez lo tiene que autorizar. Algo que en el operativo realizado en La Gruta de San Expedito no pasó. De hecho, la causa en el marco de la cual se habría producido esa operación no tenía movimientos desde febrero de ese año. Es decir: que era mentira. Ningún juez supo nada hasta que se produjo el secuestro de la droga.

La teoría de que un gendarme participó como agente revelador se sostiene en un dato clave: una moto abandonada. Es que, en el momento y lugar de la transacción, quienes llegaron con el cargamento eran dos personas en una camioneta: uno de ellos sería el narco conocido como “Chupa Chichi” y el otro el posteriormente detenido Geréz. El comprador, por otro lado, había llegado en una moto que quedó tirada en el medio del camino. Casualmente, sólo fue detenido Geréz. El comprador no apareció y Chupa Chichi escapó a toda velocidad, sin que ningún patrullero lo intente perseguir.

La mayoría de los que participaron del hecho sabían que este operativo estaba al margen de la ley. Y es por eso que en todo momento se intentó abonar al relato de un supuesto control de rutina que casualmente culminó con un traficante detenido.

A esto se le suman dos cuestiones más: una, la presencia e interés constante de Peña en esta redada, cuando por el volumen de lo secuestrado le correspondería a la Justicia Federal. Y la segunda es la presunta ausencia de la totalidad del cargamento incautado. De las intervenciones telefónicas, se da cuenta de tres ladrillos de cocaína, cuando en el registro oficial sólo quedó asentado uno.

Limpiar a la competencia, stockearse de droga para revenderla y mostrar hacia fuera (y hacia arriba) eficiencia, eran las claves de todo esto.

 

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