La Convención sobre los Derechos del Niño, creada por la Organización de las Naciones Unidas, fue abierta para la firma de los Estados miembro en noviembre de 1989. En junio de 1990, nuestro país firmó su adhesión y posteriormente, el 27 de septiembre de 1990 sancionó la Ley N° 23.849, que la incorporó a la legislación nacional y estableció el compromiso del Estado de garantizar los derechos enunciados en el documento en todo el territorio nacional. Cuatro años más tarde, este compromiso se profundizó con la incorporación de la Convención a la Constitución Nacional, a través del artículo 75°.

La adopción de la Convención se dio en un contexto político signado por el neoliberalismo, pero estableció cuestiones fundamentales para que las niñas y los niños sean considerados sujetos de derechos, que el Estado en todas sus medidas debe atender al interés superior del niño, siendo el garante de los derechos a la salud, a la familia, a la educación, a la participación y a la identidad de niñas, niños y adolescentes.

En 2003, se inició un proceso de recuperación del Estado como agente activo en la generación de políticas y acciones tendientes a restituir derechos, y la Convención sirvió como marco para la creación de instrumentos legales. De esta forma, en 2006 se sancionó la Ley N° 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, poniendo fin al patronato de la infancia e inaugurando un proceso de conformación del Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes, impulsado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

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