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JUDICIALES

4 de agosto de 2022

El fiscal Luciani exhibió documentos de licitaciones ficticias y sin controles

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El acusador destacó que los beneficios de Lázaro Báez solo fueron posibles si hubo una orden “de lo más alto del Poder Ejecutivo”

El fiscal Diego Luciani anticipó ayer que acusará a la vicepresidenta Cristina Kirchner y los demás imputados en la causa Vialidad. Ahora debe probar que la acusación está respaldada por las pruebas que contiene el expediente, y como parte de esa tarea la exposición del segundo día de su alegato estuvo centrada en demostrar que las licitaciones de las obras que se adjudicaron a Lázaro Báez eran simuladas. Cuatro de las 51 licitaciones fueron exhibidas en detalle como ejemplo para mostrar que “la competencia era una ficción”.

Sin la presencia de la vicepresidenta en la audiencia, el fiscal Diego Luciani reanudó este martes el alegato que comenzó a exponer el lunes. Antes de desarrollar sus fundamentos para demostrar que, tal como afirmó, se direccionaron 51 licitaciones de obras que recibió Lázaro Báez, el fiscal introdujo la exposición con un repaso de los principios del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional. “Se han violado cada uno de los principios en las licitaciones”, dijo el fiscal.

 “Hubo un direccionamiento grosero e inadmisible y una falta total de control. Era imposible que se permitiera si no era porque la orden venía de lo más alto del Poder Ejecutivo”, afirmó Luciani.

El fiscal dijo que se demostró “una connivencia inadmisible” entre Báez y el gobierno de Cristina Kirchner. “Está todo ahí, en los expedientes, por eso decimos que los expedientes hablan, gritan”, afirmó Luciani.

Cristina Kirchner pidió permiso para no estar presente en la audiencia y el Tribunal Oral Federal se lo concedió. Está presente -vía Zoom- su abogado defensor, Carlos Beraldi.

“La competencia era una ficción”

“Una administración sana y eficiente está obligada a adjudicar la obra a la empresa que hace la oferta más conveniente, no al empresario amigo. Nosotros vamos a ver que en 47 de las 51 obras que analizamos esta función la debió cumplir la comisión de estudio de preadjudicación de Santa Cruz. Nos encontramos en condiciones de asegurar que nunca se hizo un análisis real serio y detenido. La enunciación de unos casos burdos que vamos a explicar ahora bastará para explicar y graficar esto. Se actuó con rapidez, con celeridad, en el proceso de licitación. No solo las licitaciones eran una ficción, sino todo lo que pasaba después”.

Este martes Luciani se refirió a una serie de licitaciones firmadas en 2006. Una de ellas era la pavimentación de la Ruta 238, tramo Comandante Piedrabuena- Estancia La Julia. Mostró una hoja del expediente de la licitación de esa obra y señaló que la competencia era una ficción: se habían presentado las empresas de Lázaro Báez junto a la firma Gotti (que luego fue absorbida por Austral Construcciones) y la empresa Petersen, Thiele y Cruz, esta última como un “gesto de cortesía” para hacer ofertas por montos mayores y quedar descalificada.

“Es muy fácil deducir que no había competencia. Competían solo las empresas de Báez entre sí. Debieron haber impedido llevar adelante esta licitación de esta manera y desechar la oferta porque no había una verdadera competencia. Una vez adjudicada la obra a Gotti se la cedió a Austral Construcciones, burlando todos los principios de la licitación pública. Se lo cedió sin más y la administración lo permitió”, agregó el fiscal.

Y señaló que el pliego establecía el término de tres años para realizar 39 kilómetros, la obra se extendió 120 meses. “Así y todo no se finalizó”, dijo.

También se refirió a la pavimentación de 67 kilómetros de la Ruta 81 en la ciudad de Puerto Deseado. “Esta obra tenía un presupuesto mayor a los 93 millones de pesos. Competían Kank Costilla, Austral Construcciones, Petersen. Una vez más dos empresas de Lázaro Báez, una tercera de cortesía que en esta oportunidad fue descalificada no por una oferta mayor sino porque presentó una garantía incorrecta. Solo competían las empresas de Báez entre sí. Por esa razón, las competencias eran ficticias”.

Y dijo que una metodología similar se empleó con las licitaciones de las obras obras de repavimento en la Ruta Nacional 40 y del enripiado en la Ruta 9, esta última por casi 200 millones de pesos. Todas esas licitaciones fueron tramitadas en forma paralela, sostuvo el fiscal. Según el expediente, fueron convocadas y adjudicadas por el exfuncionario Juan Carlos Villafañe.

El fiscal señaló, además, que cinco días antes de que se abrieran los pliegos de licitación, la Dirección Nacional de Vialidad se comprometió a financiar obras por la suma por $238.248.064 en Santa Cruz, y que las empresas de Báez hicieron ofertas por esa misma cifra, sin diferencias de centavos. Dijo que no podían no conocer el contenido de la resolución que iba a firmar la DNV. Además, cuestionó la falta de controles sobre las licitaciones y las obras. Dijo que primero se abrían los sobres de las ofertas y luego se decidía “quién iba a controlar esto”.

La 1005

Para ahondar en el detalle de las licitaciones tomó la palabra el fiscal coadyuvante Sergio Mola, quien dio ejemplos de cuatro licitaciones para mostrar cómo se estableció el sistema para simularlas y evitar los controles. Una de los actos administrativos que, según el acusador, dio lugar a la falta de controles sobre las obras, fue la firma de la Resolución 1005/04, dictada por el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

“Fue firmada para reglamentar los pagos y las obras. Establecía una metodología, limitada de manera específica, y se extendió a todas las licitaciones que la DNV delegó en la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Ese reglamento se utilizó para evitar el control, se extendió de manera indiscriminada a todas las licitaciones que se iban a convocar en el futuro. La administración nacional se rehusaba a controlar el manejo de los fondos”, describió Mola.

“En cada una de estas licitaciones vamos mostrando un camino que se fue construyendo de a poco. La primera licitación sirvió para dar las instrucciones, organizar y establecer un know how. La segunda fue para probar la estructura que quedó en la Agencia de Vialidad Provincial, en la que se probó la estructura trasladada a la DNV para realizar los ajustes. La cuarta sirvió para consolidar la aplicación de la resolución de Nelson Periotti, para evitar la intervención de los organismos de control”, dijo Mola.

Luego exhibió los expedientes de las licitaciones, en los que mostró lo que anteriormente dijo Luciani: se presentaban empresas como “gesto de cortesía” con ofertas por encima del monto establecido en el presupuesto para que las firmas de Báez -o las que Báez controlaba- recibieran los contratos. En un caso, señaló Mola, se llamó a licitación y se recibieron las ofertas del grupo de empresas en tan solo 26 días. Para esa licitación, agregó, la firma de Báez que recibió el contrato solicitó un anticipo financiero mayor a los 4 millones de dólares -en el año 2005- que le fue otorgado al día siguiente.

En otro caso, señaló Mola, Gotti, manejada por Austral Construcciones, certificó el buen desempeño de Austral Construcciones. “Báez certificaba su propio buen desempeño”, cuestionó Mola.

Por problemas de conexión en los tribunales de Comodoro Py, el juicio por la causa Vialidad sufrió una interrupción porque el Tribunal Oral Federal 2 perdió conectividad a la red de internet mientras el fiscal Diego Luciani exponía su alegato acusatorio. Tras una serie de intentos por reanudar la audiencia, que se hace vía Zoom con los jueces presentes, el secretario del tribunal comunicó a las partes que iban a mudarse a otra sala de audiencias. Así lo hicieron y el juicio se reanudó.

El lunes, Luciani abrió su alegato con una durísima acusación contra Cristina Kirchner, a quien señaló como creadora, junto con su fallecido esposo, Néstor Kirchner, de “una de las matrices de corrupción más extraordinarias”.

Con fotos, documentos y mensajes de telefonía acumulados durante la investigación, Luciani primero, y su colega Sergio Mola, después, empezó a desarrollar sus argumentos para probar su acusación: que montó un sistema para defraudar al Estado en gran escala durante 12 años mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz a Báez.

 

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