Cristina Kirchner espera una respuesta a su pedido de sobreseimiento en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, que ya derivó en la condena del empresario Lázaro Báez, sus hijos y el “arrepentido” Leonardo Fariña. Fue la propia Cámara Federal la que urgió en septiembre pasado una definición sobre su situación procesal, hoy con falta de mérito, en una investigación que se inició en 2013. Pero tanto el fiscal Guillermo Marijuan como el juez Sebastián Casanello se opusieron a cerrar la causa contra CFK porque entienden que hay medidas en curso pendientes. La defensa, entonces, volvió a la Cámara Federal reclamando, en un escrito que detalló Infobae, poner fin a una “una incesante campaña de persecución política”.

Ese planteo de la vicepresidenta es el que ya provocó diferencias entre los integrantes del tribunal que deben analizarlo. Si bien el contenido de sus votos se desconoce hasta que el fallo quede firmado, los abogados de la causa ya se enteraron que el juez Eduardo Farah y su colega Mariano Llorens tienen miradas contrapuestas sobre el planteo de sobreseer a Cristina Kirchner, revelaron fuentes judiciales. En ese entendimiento, dice la lógica, uno se inclina por hacer lugar al pedido y otro no.

Ante la falta de un criterio coincidente y habiendo solo dos jueces como integrantes de la Sala II para resolver, ya se convocó a Pablo Bertuzzi para que dirima la cuestión. Vale aclarar que es el único integrante de la Cámara Federal porteña que puede intervenir. El juez Martín Irurzun, revisor original del expediente, fue apartado en 2018 por la Cámara Federal de Casación Penal en una causa conexa y eso derivó también en la salida de Leopoldo Bruglia, que había firmado junto a Irurzun aquella resolución. En tanto, Roberto Boico está excusado de intervenir en este proceso en donde tiene como implicada a la vicepresidenta, a quien representó como abogado antes de convertirse en juez en marzo del 2021.

No será la primera vez que Bertuzzi defina la situación de un implicado en la causa por la ruta del dinero “K”: el 17 de mayo, la Cámara Federal dispuso sobreseer al expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, investigado en un remanente de la megainvestigación. En aquella oportunidad, Farah votaba por hacer lugar al planteo, diciendo que “a casi seis años desde que se indagara al imputado y cinco del dictado de su falta de mérito” la información recibida hasta ahora en la causa no permitía avanzar contra el empresario del fútbol. Llorens, en cambio, sostuvo que había mantener la falta de mérito a la espera de medidas de prueba.

Bertuzzi fue llamado al desempate y se inclinó por el ex presidente de Peñarol. Pero en aquella oportunidad, a diferencia de lo que sucede con Cristina Kirchner, la fiscalía también promovía el sobreseimiento y la postura de los querellantes de la UIF y la OA que no habían traído elementos nuevos contra el implicado. Así lo dijo Bertuzzi, tal como lo publicó Infobae aquel día. Leyendo aquel fallo, algunos sacan conclusiones sobre cuál será la suerte del planteo de la vicepresidenta.

El caso

Lázaro Báez, sus hijos, Leonardo Fariña y otra quincena de personas fueron condenados en febrero del 2021 por el Tribunal Oral Federal 4 por haber lavado 55 millones de dólares, que provenían de la obra pública que recibió durante los 12 años de kirchnerismo y la facturación en negro, según el fallo que lo condenó y que ahora está siendo revisado por la Sala IV de Casación. Cristina Kirchner no formó parte de ese debate porque el juez Casanello siempre entendió que las pruebas no alcanzaban para acreditar la vinculación de la ex jefa de Estado en la causa. Fue la Cámara Federal la que, en distintas resoluciones, fue apuntando hacia la ex jefa de Estado, hasta que finalmente ordenó que Cristina Kirchner fuera llamada a declarar.

En 2018, Casanello cumplió con la disposición del llamado a indagatoria en la que la ex mandataria rechazó las acusaciones y habló de la persecución judicial a los líderes de la región por razones políticas. Al analizar las pruebas, insistió con su criterio y firmó su “falta de mérito” de la entonces senadora por entender que no había suficientes pruebas para procesarla ni para sobreseerla.

En marzo del 2019, Llorens y Bertuzzi confirmaron aquella decisión (Farah no había regresado aún a la Cámara Federal porteña) diciendo que había que profundizar la investigación y dando instrucciones al juez sobre distinta prueba a producir que incluían sumar a la investigación tres declaraciones como “arrepentidos” de la causa cuadernos: la del ex secretario de Obras Públicas José López; la de ex ministro de Hacienda de Santa Cruz Juan Manuel Campillo y la del ex contador de los Kirchner Víctor Manzanares.

En septiembre pasado, Farah y Llorens analizaban si confirmaban el procesamiento del abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos como coautor del lavado de U$D55 millones. Pero en ese fallo se coló la instrucción al juez Casanello para “resolver las situaciones procesales pendientes y concluir definitivamente la instrucción de la presente causa”. Se aludía a un artículo del 207 del Código Procesal Penal de la Nación que dice que “la instrucción deberá practicarse en el término de cuatro (4) meses a contar de la indagatoria. Si ese término resultare insuficiente, el juez solicitará prórroga a la cámara de apelaciones, la que podrá acordarla hasta por dos (2) meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga otorgada podrá exceder excepcionalmente de dicho plazo”.

Había tres implicados con falta de mérito. Los tres pidieron ser sobreseídos. En marzo, la decisión llegó para Antonio Demarco, actual representante por la Ciudad de Buenos Aires en el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y quien aparecía como intermediario en la compra del campo El Entrevero. En mayo, le tocó a Damiani, ex presidente de Peñarol.

Ahora, los jueces analizan el planteo de CFK y los argumentos de Marijuan para oponerse. “La aventura procesal del anterior gobierno de tratar de meter a la doctora Cristina Fernández de Kirchner por la fuerza en este expediente” debió haber “quedado definitivamente abortada, pero en estas actuaciones (por la ruta del dinero k) no sucedió” y se llegó a la “situación inédita”, sostuvo la defensa en el escrito que circula por el segundo piso de Comodoro Py. “No existe evidencia alguna que demuestre una eventual participación de CFK en las presuntas maniobras de lavado de activos” y tampoco apareció “ninguna prueba que pudiera acreditar esa participación luego de transcurridos tres años, casi mil días, de investigación”.

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