El conflicto provincial entre el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y la intendenta de la capital, Inés Brizuela y Doria, escaló este miércoles con otra toma en una oficina municipal. La jefa comunal sufre casi a diario protestas violentas, paros, boicot a los servicios públicos y amenazas. Provienen de un grupo de empleados estatales que pasaron a planta permanente pero no cobran en tiempo y forma sus sueldos.

Brizuela y Doria culpa al gobernador: sostiene que le retiene recursos municipales que ella preveía usar para abonar esos salarios. Él la responsabiliza a ella: afirma que pasó a planta a 2500 contratados para “quedar bien” y ahora no estipuló flujo en el presupuesto local para pagarles.

Ayer, un grupo de personas, con camiones de recolección, tiró basura en el edificio municipal. La pelea se politizó al punto de que Mauricio Macri habló de “patotas del gobernador riojano” que no respeta la voluntad de las urnas. Según se pudo reconstruir, la mandataria, sobrepasada por la situación, busca apoyo en pastores evangélicos para reestablecer la “paz social”.

“La paz social pende de un hilo, estamos al borde de tener un muerto”, dejó trascender un importante funcionario de la capital. Plantearon que, desde la asunción de Brizuela y Doria en 2019, desde el gobierno provincial gestaron un “plan sistemático” para asfixiarlos económicamente. Denunciaron que Quintela, responsable de los recursos municipales por la Ley Provincial 9782, habría transferido menos de la mitad del presupuesto que le corresponde a la ciudad de La Rioja. Sin embargo, fuentes allegadas al gabinete del gobernador sostuvieron que “ellos reclaman unos cálculos aspiracionales” que están alejados de la realidad y que forman parte de una discusión que buscan plantear.

Por esa razón de “falta de pago”, explicaron, no pueden cumplir con el sueldo de los 2500 empleados que fueron pasados de condiciones precarizadas a planta permanente, ya que no estarían percibiendo el total del presupuesto que les corresponde.

En paralelo a esta disputa, la capital también se vio afectada en uno de sus servicios más importantes, la recolección de residuos. El lunes, 10 de los 11 camiones que utiliza la ciudad de La Rioja fueron secuestrados, según indicaron funcionarios de la municipalidad. Dejaron trascender que barrabravas de algunos clubes obligaron a los conductores a bajarse de los vehículos y se los llevaron. Se presentó una denuncia y la causa está a cargo del juez Daniel Barría.

El viceintendente de la capital, Guillermo Galván, planteó que “muchos de ellos son barrabravas de clubes con los que el gobernador tiene mucha incidencia” y que algunos fueron contratados por Quintela durante su gestión en la ciudad de La Rioja, antes de estar a cargo del gobierno provincial.

Por ese motivo, la recolección ahora se realiza con camiones abiertos. “Seguimos con el operativo de emergencia de recolección, debido a la retención ilegal de los camiones”, dijo Brizuela y Doria, el sábado.

La búsqueda del diálogo y los pastores evangélicos

Tras haber pedido la ayuda de Alberto Fernández hace poco más de dos semanas, la mandataria municipal no consiguió un intercambio con el Presidente y busca una salida a través del diálogo. Para eso, se apoya en referentes religiosos riojanos.

El pastor evangelista José Rezinovsky, padre de la diputada nacional de Juntos por el Cambio Dina Rezinovsky, es uno de los nexos más importantes en los que recae la mandataria para reconstruir la relación con Quintela. Al momento, negaron haber tenido una respuesta de su parte.

La región del noroeste argentina comprende, según la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina realizada por investigadores del Conicet, el mayor porcentaje de personas religiosas del país. Por eso, el recurso de conseguir intermediarios religiosos resulta un elemento clave para el desenlace de este conflicto.

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