El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti anunció este miércoles que el tribunal “tiene en agenda”, para resolver, un viejo caso que lleva paralizado más de cinco años: la declaración de inconstitucionalidad de la conformación actual del Consejo de la Magistratura.

Se trata de un organismo clave para la Justicia: selecciona y controla a los jueces, y administra los fondos del Poder Judicial. Si el máximo tribunal ratificara lo dispuesto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo en 2015, el Consejo, que hoy tiene 13 miembros, volvería a tener 20 y a ser presidido por el titular de la Corte.

“El Consejo de la Magistratura es un tema institucionalmente difícil que fue resuelto en distintas instancias y cuando llegó a la Corte hubo opiniones muy diferentes, que cambiaron porque cambiaron algunos ministros. Ahora está en la agenda”, dijo Lorenzetti, en una entrevista con Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos, consultado sobre los casos más demorados que esperan una definición del máximo tribunal.

“Tiene distintos votos y la demora tiene que ver con eso, con cambios de opinión”, afirmó. Y agregó: “Yo di mi voto, pero es un tema difícil porque tiene repercusiones institucionales muy serias”. Los voceros de otros jueces de la Corte, pero ninguno quiso hablar sobre la marcha de este expediente.

En 2006, a instancias de Cristina Kirchner, por entonces senadora, el Congreso redujo a 13 el número de miembros del Consejo de la Magistratura, con fundamento en que así sería “menos burocrático”. Perdieron representantes los jueces, los abogados y la academia, y se eliminó el lugar de los partidos minoritarios (las segundas minorías del Congreso tenían un senador y un diputado en el Consejo). La reforma favoreció a los oficialismos de turno, que consiguieron poder de veto para las decisiones principales: la elevación de ternas y la apertura de juicios políticos a jueces.

El Consejo de 20 estaba formado por cinco jueces (uno de ellos, el presidente de la Corte, que presidía también el Consejo), cuatro senadores, cuatro diputados, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo.

“La Corte tiene que resolver y la política debería llegar después a un acuerdo para dictar una nueva ley”, dijo el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, representante de las universidades y aliado al oficialismo. Según Molea, volver a la ley anterior no sería lo ideal. “Es una ley vieja. Hay que aggiornarse a los tiempos actuales”.

En mayo de 2018, el procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó en esta causa y recomendó no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad. La demanda que dio origen a este caso fue presentada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Un funcionario kirchnerista que trabaja en temas judiciales pronosticó que la Corte fallará en contra de la reforma. Es una idea bastante extendida en el oficialismo. De ser así, un dato clave será cómo se implementará la vuelta a la conformación anterior.

El diputado y consejero Pablo Tonelli (Pro) dijo “Me parece que si efectivamente la Corte declara inconstitucional la actual composición, el momento para cambiar debería se a partir del año que viene, cuando se produce el recambio, porque sería difícil combinar una composición con la otra y hace falta tiempo para la elección de jueces y abogados”. Tonelli destacó como una ventaja del régimen anterior la presencia del presidente de la Corte. “Si volviéramos y el presidente de la Corte se involucrara de verdad en los temas del Consejo, sería muy bueno para resolver algunos problemas que hoy tenemos”, dijo.

El mandato de los consejeros actuales termina dentro de un año. El proceso para elegir a los nuevos representantes de jueces y abogados en el Consejo empieza en marzo. Por eso, en el kirchnerismo coinciden con Tonelli en que si la Corte va a declarar la inconstitucionalidad el mejor momento, desde el punto de vista operativo, sería ahora.

Otro problema que se generará, de fallar la Corte en este sentido, es la interpretación sobre a quién le corresponderá el lugar de las “segundas minorías” del Congreso.

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