En medio de la polémica que se generó por la fallida negociación para adquirir dosis de Pfizer y las duras críticas de gran parte del arco político opositor sobre la campaña masiva de inoculación, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informe que denuncia las irregularidades del plan de vacunacion argentino.

La denuncia firmada por Bullrich y varios legisladores y exfuncionarios de Pro, entre los que se encuentran Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Oscar Aguad, Florencia Arietto, Paula Bertol y Pablo Torello, tiene como objetivo impulsar inmediatas “alertas tempranas” sobre la implementación del plan nacional de vacunación desarrollado en la Argentina.

“La distribución de las vacunas no respetó los principios de igualdad y no discriminación. Se generó una situación de privilegio con quienes forman parte del partido de Gobierno, a la vez la información fue nula, sin transparencia y acceso de la población a la misma”, indicó Bullrich al dirigirise a Bachellet.

“Genera enorme incertidumbre la falta de certeza respecto al momento de la vacunación, razones por las cuales sólo se compraron algunas vacunas y se generó una duda frente a la falta de explicación del Gobierno respecto a porque no se compraron vacunas accesibles donde la Argentina había participado en sus procesos de prueba”, agregó Bullrich.

Y al respecto concluyó: “Todo ello nos lleva a que pongamos en marcha esta alerta temprana. Los argentinos merecemos respuestas y transparencia y no la hemos tenido.”
Según señala el comunicado de Bullrich a Bachellet, en el informe se denunció que el plan de vacunación no cumple los estándares de protección de los derechos humanos previstos por la Resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Covid-19, en particular con los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación.

Por un lado, en el informe se pone el foco en el proceso de distribución de las vacunas y cómo fueron los operativos de logística y transporte de vacunas y los “irregulares dispositivos de inmunización”, entre los que se denuncia los vacunatorios vip.

Asimismo, el documento presentado ante la CIDH describe los mecanismos de adquisición de vacunas por parte del Gobierno Nacional y apunta contra “su falta de transparencia”. Sobre esta cuestión, ahonda en las contrataciones efectuadas por el gobierno nacional y sostiene que las mismas incumplen las pautas mínimas previstas por la CIDH, en particular los de “transparencia, de acceso a la información y el establecimiento de procedimientos de vigilancia y control”.

En relación a ello, el informe repara en las negociaciones con AstraZeneca-mAbxience de Hugo Sigman; Sputnik V y Laboratorios Richmond de Marcelo Figueiras; Sinopharm y Sinergium Biotech de Hugo Sigman apunta contra “la solicitud de mínimas dosis al fondo Covax y la suspensión de las negociaciones para la compra de las demás vacunas reconocidas internacionalmente”.

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