El sistema universitario nacional elevó la voz y decidió llevar su reclamo ante la Justicia. Tras un encuentro extraordinario del Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las casas de altos estudios públicas acordaron iniciar acciones legales para exigir la aplicación integral de la Ley N° 27.795, la cual garantiza la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición salarial para el personal docente y no docente.

La determinación de recurrir a los tribunales surge como respuesta directa a la controvertida decisión del Ejecutivo Nacional, que, mediante decreto, suspendió los efectos de la norma recientemente promulgada. Esta maniobra ha sido calificada como una afrenta a la institucionalidad.

"Un decreto no puede suspender una ley", manifestó Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN, en el comunicado emitido tras la reunión. El plenario fue unánime al considerar que la medida presidencial "viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos".

La preocupación central del CIN radica en la propuesta presupuestaria presentada, la cual proyecta para el ejercicio 2026 las mismas partidas transferidas en 2025, sin incorporar siquiera las pautas inflacionarias. Esto implica un desfinanciamiento que impacta de lleno en el funcionamiento básico de las instituciones.

El doctor Omar Larroza, rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ratificó la necesidad de exigir el cumplimiento de la ley, pero instó a la mesura. "No buscamos una postura confrontativa, sino responsable, que nos permita encontrar soluciones. Debemos agudizar la inteligencia y la capacidad de diálogo para salir de este momento complejo", señaló, si bien confirmó que las instituciones avanzan en el análisis de las vías judiciales.

El titular de la UNNE explicó que el deterioro presupuestario afecta principalmente los salarios, que representan cerca del 90% del gasto universitario, y obliga a postergar proyectos de infraestructura mayor. Sin embargo, enfatizó la importancia del rol del sector.

Además de la acción judicial, las universidades resolvieron solicitar al Congreso Nacional que, al debatir el Presupuesto 2026, se consideren como base los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.

Las autoridades cerraron filas con un mensaje unívoco: "Lo que requerimos representa apenas el 0,10% del presupuesto nacional. Es una cuestión de decisión política y de racionalidad. Las universidades públicas somos parte de la solución, no del problema".