Lunes
20 de Octubre de 2025
POLICIALES
20 de octubre de 2025
En el puesto vial de Sampacho y otros puntos de la provincia, los agentes pedían pagos desde $50.000 por supuestas irregularidades en la documentación de los conductores de vehículos que eran controlados.
El número de gendarmes detenidos en Córdoba acusados de integrar una red que cobraba coimas a camioneros y otros conductores de vehículos para permitirles circular por la Ruta Nacional 8 sin sanciones, ascendió a 23 en las últimas horas, tras haber iniciado la investigación con 14 arrestos.
La causa apunta al puesto vial de Sampacho, donde los agentes exigían pagos que iban desde $50.000 hasta $600.000 para dejar pasar a los rodados, según confirmó La Voz del Interior. Los allanamientos realizados desde el 10 de septiembre en esa sede, Holmberg y otras provincias derivaron en nuevas detenciones y en la imputación de varios mandos de la fuerza.
Entre los detenidos se encuentra la Jefa de seccional, Analía Galian; mientras que otros seis efectivos fueron apartados de sus cargos. Uno de los involucrados sería un intermediario conocido como "El Sanjuanino", señalado como nexo en el cobro de los sobornos.
De los 23 acusados, 13 permanecen alojados en la cárcel de Bouwer y el resto cumple arresto domiciliario. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, los gendarmes detenían camiones alegando irregularidades en la documentación y luego exigían dinero en efectivo o por transferencia a través de cuentas de terceros para "solucionar" el supuesto inconveniente.
Las pruebas reunidas llevaron a imputar a los efectivos por asociación ilícita, extracciones ilegales y abuso de autoridad.
Los investigadores creen que el sistema funcionó entre mediados de 2024 y septiembre de 2025, con una organización interna que rotaba turnos de recaudación y distribución del dinero.
Desde la Fiscalía Federal de Río Cuarto, a cargo de Rodolfo Cabanillas, no descartan nuevas imputaciones ni posibles sanciones dentro de la estructura de Gendarmería Nacional. El caso generó un fuerte impacto institucional en las fuerzas de seguridad de la provincia mediterránea, mientras quedó en manos del juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, tras una denuncia presentada en febrero por un transportista.