Diputados de Juntos por el Cambio solicitaron este miércoles que los ex titulares de la SIDE Héctor Icazuriaga y Oscar Parrilli den explicaciones a la comisión bicameral de inteligencia qué medidas tomaron ante las causas judiciales por supuesto espionaje ilegal K durante las presidencias de Cristina Kirchner. Se trata de una contraofensiva opositora frente frente a las operaciones K con este sensible tema.

En una nota dirigida al presidente de la comisión bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia, el diputado ultra K Leopoldo Moreau, solicitaron que Icazuriaga y el actual senador Parrilli comparezcan como testigos para declarar sobre la causa N° 9.608/2018 caratulada “Fernández Cristina Elizabet y otros s/ asociación ilícita”. Esta es la causa que investiga el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el hallazgo de informes secretos sobre la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y transcripciones telefónicas privadas en la casa de El Calafate de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En una nota, los diputados de Juntos por el Cambio José Cano, Fabio Quetglas, Karina Banfi, Ana Carla Carrizo; Diego Mestre, Claudio Najul, Gonzalo Del Cerro y Lidia Ascarate, solicitaron esas declaraciones testimoniales, luego de meses en haber dado su apoyo en lo que va del año para que declararen más de una docena de ex agentes de la AFI por el supuesto espionaje ilegal macrista que se investiga el juez de Lomas de Zamora, Pablo Auge.

Los legisladores opositores recordaron que en la casa de la vicepresidenta “se encontraron transcripciones de escuchas telefónicas, carpetas con información financiera de empresarios, abogados y políticos en su mayoría, entre otros tipos de materiales, de la causa judicial todavía abierta y a la espera de la contestación de un exhorto por parte de la justicia de España”.

“Estas actividades de espionaje ilegal se habrían efectuado durante los dos mandatos de la expresidente, periodo en el cual fueron autoridades de la ex Secretaria de Inteligencia y luego Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Icazuriaga y Parrilli”, agregaron. Además, Parrilli fue protagonista de la famosa escucha de conversación telefónica con Cristina en que ésta le decía que había que “salir a apretar jueces” e “inventar causas” para que procesen al ex director de la SIDE Antonio Stiuso quien se había convertido en su enemigo tras el pacto con Irán y el crimen del fiscal Alberto Nisman. La escucha había sido grabada por orden de un juez en la causa por el encubrimiento de la fuga del financista del tráfico de efedrina, Ibar Pérez Corradi, a Paraguay.

Además, recordaron que habían solicitado a Moreau sobre cuál es el listado, carátula, número de expediente y fecha de inicio de otras denuncias y causas judiciales en materia Penal, especialmente en relación a la violación de la Ley N° 25.520 y la Ley N° 27.126, presentadas contra la ex Secretaria de Inteligencia y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre el 10 de diciembre de 2011 y el 10 de diciembre del año 2015. También señalaron que Moreau aún no informó cuál es el listado de los denunciantes y/o querellantes; en qué estado procesal se encuentran las causas judiciales; qué medidas administrativas ha tomado el Organismo con los imputados y/o denunciados”.

Entre otras causas judiciales está la llamada “Proyecto X” de la Gendarmería del 2012 durante la gestión de la ex ministra de Seguridad Nilda Garré. La causa la tiene el juez federal Norberto Oyarbide y ahora la habría heredado María Eugenia Capuchetti. El “Proyecto X” había sido admitido por el jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, en una nota al juez federal Oyarbide en respuesta a una denuncia por presuntas tareas de inteligencia ilegal de la fuerza durante el conflicto laboral en Kraft, hecha por el partido de izquierda PTS, dirigentes gremiales y de derechos humanos. El proyecto incluía tareas de infiltración, la realización de perfiles de los líderes y los “análisis” políticos de los conflictos sindicales y sociales.

Otra de las causas emblemática fue abierta por una denuncia de las ex diputadas del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso a mediados del 2015. Se trata de un informe de once páginas con los nombres, números de DNI y fechas de nacimiento de 202 personas, agrupados en 125 “órdenes verbales” de observación (OB, en la jerga del espionaje reflejada en la lista) sobre ellos. Esas órdenes habrían sido emitidas desde la Agencia Federal de Inteligencia, sucesora de la ex SIDE, y se habrían ejecutado desde una “cueva” de ese organismo y un predio militar ubicado en Villa Martelli sobre la Panamericana. Los espiados iban desde Bullrich, Mirtha Legrand y decenas de periodistas críticos del kirchnerismo. La causa originalmente fue radicada en el juzgado de Sebastián Casanello.

Otra tercera denuncia, entre otras, la había hecho el ex senador y actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien afirmó que el ex jefe del Ejército César Milani le había hecho seguimientos a él y a periodistas. La causa la tiene el juez federal Julián Ercolini quien allanó la sede del Ejército pero no encontró pruebas de la denuncia hecha por el abogado Ricardo Monner Sans.

Los diputados opositores señalaron que de acuerdo a la Ley N° 25.520 en su artículo 32, esta Comisión Bicameral, “tendrá entre sus atribuciones, en lo concerniente al control parlamentario de las actividades de inteligencia, amplias facultades para controlar e investigar de oficio” estas denuncias judiciales realizadas en la época de Icazuriaga y Parrilli. A la vez, finalizaron “que en su artículo 33 inciso 3 esa ley dice que se podrá (desde la comisión bicameral) requerir de las explicaciones e informes que se estime convenientes de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 71 de la Constitución Nacional”.

Fuente: Clarín