La trabajadora había prestado servicios durante más de ocho años en el área de Desarrollo Territorial del Ministerio de la Producción. Tras quedar sin su obra social, el Insssep, perdió el acceso al tratamiento oncológico que necesitaba para enfrentar la enfermedad.

Aunque se le otorgó una prórroga de 30 días -hasta el 31 de julio-, luego quedó completamente sin cobertura. ¿Por qué se permitió que una persona con una patología tan grave quedara sin asistencia médica?

Compañeros y allegados denunciaron que las autoridades ministeriales estaban al tanto de su estado de salud. El caso genera indignación y abre un interrogante sobre la responsabilidad del Estado frente a trabajadores enfermos: ¿Quién tomó esta decisión? ¿Se informó a una instancia superior para que ratifique o rectifique la medida y, de ese modo, determine la decisión final sobre la desafectación de la trabajadora?

Las partes involucradas en esta nota tienen su correspondiente derecho a réplica, comunicándose con la producción del programa Alerta Urbana de lunes a viernes de 9 a 13 a los teléfonos 3624-100411 / 3624-622442.

 

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