Ricardo Urturi, director general del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco, dialogó este viernes con Gustavo Olivello y al aire de Alerta Urbana brindó detalles sobre incidentes graves que involucran a efectivos de la fuerza que ya fueron separados del servicio por presuntos hechos delictivos.

Se trata de hechos denunciados en las comisarías de Quitilipi, Villa Ángela y Santa Sylvina y que se encuentran bajo investigación interna.

"Acá no hay ningún respaldo para los empleados policiales que actúan mal", sostuvo Urturi.

A raíz de estos casos, la determinación de las autoridades del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Policía y el OCI fue contundente: los uniformados involucrados y denunciados fueron separados de sus cargos y sus haberes suspendidos.

En paralelo y además de las acciones administrativas ya ejecutadas, se confirmó que la justicia también está actuando en cada uno de estos incidentes.

El jefe del OCI indicó que son tres sumarios administrativos por separado ya que se trata de casos individuales en las comisarías de Quitilipi, Villa Ángela y Santa Sylvina con al menos cinco efectivos implicados.

Urturi explicó que, en el caso de los uniformados implicados, el hecho es considerado de suma gravedad, pues a un policía "se le exige un plus que al ciudadano común". Además, señaló que, incluso en la vida privada, el personal policial "debe guardar una especial compostura" y mantener una conducta adecuada.

El funcionario confirmó que, además del sumario administrativo, los policías de ambos casos enfrentarán causas judiciales. La suspensión de funciones conlleva un proceso que incluye un examen psicofísico previo al posible reintegro.

La importancia de la participación ciudadana fue destacada por Urturi, ya que la toma de conocimiento de estos hechos se dio justamente gracias a la denuncia y "la puesta en conocimiento de los ciudadanos".

Los casos

En Quitilipi, el caso más grave involucra al subcomisario Jorge Luis Ortiz, al oficial Nelson Alegre y al suboficial principal Mario Andrés Fernández, acusados de cohecho agravado. Según la causa, habrían entregado una motocicleta secuestrada en una causa por drogas, tras un pago de un millón de pesos canalizado por una mujer que se hizo pasar por la "abogada Carla Anich". En un hecho anterior y similar, el mismo Ortiz fue denunciado por dar a una abuela el número de esa falsa abogada, quien cobró $150.000 por liberar otra moto.

Paralelamente, la Unidad de Control sumarió al oficial subayudante Juan Pablo Quintana (de Villa Ángela) y al agente Miguel Ángel Martín (de Santa Sylvina), suspendiéndolos con retención de haberes, aunque los detalles de esa causa se mantienen en reserva.

Urturi mencionó que este hecho se mediatizó a raíz de filmaciones que mostraban a dos civiles (quienes habían dicho ser policías) golpeando a un ciudadano de 21 años que estaba en el piso. La investigación, realizada en conjunto con la Fiscalía de Investigaciones a cargo de Gisela Oñuk, logró identificar a los responsables.

El titular del OCI precisó que los empleados policiales Quintana y Martín fueron separados del cargo con retención de haberes. Al momento del hecho, ambos estaban gozando de licencia anual y no actuaban en funciones policiales, aunque su conducta fue calificada como "cobarde".

Sobre el aspecto penal del caso, Urturi detalló la imputación y la clasificación legal del delito “de lesiones leves y dolosas” y aclaró que “no configura el delito de apremios ilegales porque no se dio bajo la órbita de un procedimiento".