En calles y rutas de toda la Argentina se ha vuelto una imagen habitual: vehículos circulando sin sus chapas patentes o con permisos de papel deteriorados. Se estima que cerca de 600 mil rodados se encuentran en esta situación de irregularidad, según cálculos de fuentes del sector automotor y asociaciones de gestores.

La crisis, cuyos primeros indicios se remontan a 2023, se agravó hace casi un año con el cierre del área de la Casa de la Moneda encargada de la fabricación, lo que generó un parate de seis meses. 

La situación se volvió crítica en 2025, cuando un récord en la venta de autos 0 km saturó un sistema de provisión que ya era deficiente, consignó el diario Clarín en un artículo publicado esta semana.

Este fenómeno genera múltiples complicaciones. Aunque las aseguradoras suelen cubrir los vehículos con patente provisoria, se presentan serios inconvenientes en los controles de tránsito, ya que los sistemas de fotomultas no pueden leer los papeles. Además, los conductores enfrentan dificultades en trámites digitales, como la app "Mi Argentina", y teóricamente infringen la Ley Nacional de Tránsito.

Frente a este escenario, el Gobierno nacional asegura que la situación comenzó a normalizarse en septiembre, tras implementar una reforma estructural que incluyó la licitación a proveedores privados para quitarle el monopolio a la Casa de la Moneda. 

No obstante, en los registros locales se advierte que el stock aún es insuficiente y que podría tomar varias semanas restablecer la normalidad por completo.