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29 de septiembre de 2025

El STJ rechaza el amparo de Taco Pozo y avala la "ocupación ilegítima" provincial de oficinas municipales

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco rechazó, en un fallo dividido, la acción de amparo de la Municipalidad de Taco Pozo que buscaba recuperar oficinas ocupadas por dependencias provinciales, argumentando que debe impulsar un trámite de desalojo.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco desestimó la acción de amparo presentada por la Municipalidad de Taco Pozo, que buscaba la restitución de oficinas municipales que son actualmente utilizadas por dependencias del gobierno provincial. Los espacios, ubicados en lo que debería ser un Salón de Usos Múltiples (SUM), están ocupados por delegaciones de la Dirección Provincial del Trabajo y el Registro Civil, ambas bajo la órbita del ministro de Gobierno y exfiscal de Cámara, Jorge Gómez.

La sentencia, dictada el pasado 19 de septiembre, contó con la mayoría de los jueces Néstor Varela, Alberto Modi y Miguel Fonteina, quienes consideraron que la vía del amparo era "inadmisible". Los magistrados fundamentaron su voto en que el Código Procesal local establece el desalojo como la vía "sumarísima adecuada para obtener la restitución del inmueble", advirtiendo que aceptar el amparo sería "desvirtuar" su carácter "extraordinario y excepcional". En esencia, el fallo obliga al municipio a iniciar un proceso ordinario para recuperar sus espacios.

En contraposición, los jueces Víctor Del Río e Iride Grillo emitieron votos disidentes, calificando la situación como una "ocupación ilegítima" que vulnera la autonomía municipal. La minoría argumentó que la permanencia de las oficinas provinciales afecta el "núcleo duro de la autonomía" de Taco Pozo y que la función social de las dependencias "no pueden erigirse en justificación para avasallar, sin respaldo legal, la autonomía del municipio". Esta postura critica el cierre del caso por una cuestión de forma y advierte que la autonomía podría quedar "vacía de contenido".

La causa se originó en marzo de 2025, cuando el intendente Carlos Antonio Ibañez demandó al Ministerio de Gobierno tras el fin del préstamo temporal de las oficinas. Con el rechazo del amparo, el municipio de Taco Pozo deberá ahora embarcarse en un proceso de desalojo ordinario y más largo si desea recuperar el espacio, que originalmente estaba destinado a funcionar como un Centro Social Cultural para la comunidad.

 

 

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