La Cámara Federal de Casación Penal ha dado un giro inesperado a la causa de evasión tributaria que involucra a Lázaro Báez y a la empresa Biancalani en Chaco. En una decisión histórica, el tribunal anuló la absolución dictada por el Tribunal Oral Federal de Resistencia y ordenó la realización de un nuevo juicio. La medida responde a un recurso presentado por la Fiscalía y la AFIP, que consideraron que el fallo inicial carecía de una "fundamentación" sólida y que los jueces no habían valorado toda la prueba presentada. En una entrevista con Alerta Urbana, el fiscal federal Federico Carniel brindó detalles de la causa.

El funcionario judicial explicó que la investigación se centra en la evasión de impuestos por parte de la empresa Biancalani, que operaba como intermediaria en licitaciones de obras públicas. Según la investigación de la ex AFIP -hoy ARCA-, la empresa recibía fondos del Estado Nacional y los transfería a Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, sin registrar esta transacción ni pagar los impuestos correspondientes. El fiscal enfatizó que el acuerdo entre ambas empresas no tenía un contrato formal, por lo que la transferencia de dinero no estaba respaldada por ningún documento legal, lo que constituye un delito de evasión.

El fiscal también señaló que la anulación de la absolución no implica que los jueces sean sustituidos, ya que los magistrados que dictaron el primer fallo ya han tomado una decisión sobre la causa. En el nuevo juicio, los jueces "no van a escuchar de nuevo a los testigos", ya que las declaraciones y las pruebas ya se encuentran en el expediente. El proceso será más corto, ya que el nuevo tribunal solo deberá valorar la prueba ya producida para emitir un fallo.

En cuanto a la posible condena, Carniel afirmó que la Fiscalía había solicitado 9 años de prisión para Lázaro Báez en el primer juicio y la AFIP había pedido 16 años. Si el empresario es declarado culpable en el nuevo proceso, deberá devolver el dinero de los impuestos evadidos. El fiscal concluyó que su intención es que los imputados sean condenados, ya que, según la Fiscalía, las pruebas son suficientes para demostrar la culpabilidad de los acusados. La decisión de la Cámara de Casación representa un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.

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