El Gobierno analiza incluir el proyecto que busca promover el uso de dólares del “colchón” en el Presupuesto 2026. Se trata de una de las iniciativas que el Ejecutivo evalúa sumar dentro del documento que enviará al Congreso este lunes. “Estamos estudiando meter más de un proyecto adentro”, expresan en Nación.

El Ejecutivo quiere meter la propuesta dentro de las negociaciones con los gobernadores para sancionar la nueva partida presupuestaria, que mantendrá a partir de la semana que viene. Hubo reuniones este viernes a la tarde entre el asesor Santiago Caputo, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para tratar los detalles que el jefe de Estado brindará este lunes en cadena nacional.

“Creemos que es un proyecto que también les sirve a las provincias para la recaudación y el consumo”, agregan en el oficialismo. La iniciativa -que fue enviada al Congreso en junio y no logró avances- propone elevar de $1.500.000 a $100.000.000 el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito y busca mantener las penas de dos a seis años para las personas que evadan el pago de tributos en esos términos.

El Ejecutivo firmó con trece mandatarios provinciales la adhesión al nuevo régimen de información fiscal y busca negociar los votos de sus legisladores. Se trata de Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Saenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Misiones).

El Presupuesto 2026 no incluye aumentos mayores a la inflación para las asignaciones de discapacidad, jubilaciones, universidades y hospitales, entre otros, y contempla la “regla fiscal” de techos de gasto del proyecto para 2025. En Nación aseguran que Luis Caputo no irá al Congreso y planean enviar a los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas).

El Gobierno quiere promover la regularización voluntaria de contribuyentes que hayan evitado declarar parte de su capital en los últimos años, pero reconoce que no impulsará la eliminación de datos fiscales. El proyecto no contiene cambios a la Ley de Prevención del Lavado de Activos y tampoco propone modificar las atribuciones de investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La Casa Rosada apunta también a incrementar el monto a $1000 millones en el caso de la evasión agravada, que abarca penalidades de tres a nueve años. El texto contiene también una reducción de cinco a tres años del plazo de prescripción penal para delitos tributarios en los casos en que el contribuyente inscripto haya cumplido en término con la presentación de la declaración jurada y en que la diferencia entre el monto no declarado y lo presentado no sea elevada.

La norma actual dispone que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene la atribución de exigir el pago de impuestos y aplicar multas junto a clausuras por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante ARCA. El plazo se extiende hasta diez años para los no inscriptos sin la condición anterior.

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