La Defensora General Adjunta del Poder Judicial, Gisela Gauna Wirtz, pidió formalmente el embargo de parte de los fondos de coparticipación federal de la provincia. La medida, presentada ante el juez Civil y Comercial N° 6, Jorge Sinkovich, se debe a lo que considera como el incumplimiento del gobierno de Leandro Zdero de una medida cautelar que ordenaba el suministro de agua potable y alimentos a las comunidades del pueblo Wichí en El Impenetrable.

El pedido busca embargar fondos hasta cubrir la suma de $1.374 millones, correspondiente al monto acumulado por las multas diarias impuestas. La Defensora General Adjunta calificó la falta de acatamiento a la orden judicial como una “abierta desobediencia” que pone en “gravísima afectación” los derechos fundamentales de las comunidades, incluyendo su vida, salud y alimentación.

El juez Sinkovich había dictado la medida cautelar el pasado 18 de marzo. Al constatar la falta de cumplimiento, el 22 de agosto impuso una multa diaria de más de $85 millones. Pese a la sanción, la provincia no ha acatado la orden ni abonado la deuda generada.

FAMILIAS EN RIESGO

El requerimiento de embargo fue acompañado por un comunicado del propio pueblo Wichí, emitido tras una asamblea en Sauzalito el 6 de septiembre. En el documento, líderes comunitarios alertan que la vida de niños, ancianos y familias está en riesgo y acusan al gobierno de apelar las sanciones económicas en lugar de cumplir la orden judicial.

Según los informes presentados, la distribución de agua es esporádica y se limita a centros urbanos, mientras que los alimentos se entregan con poca frecuencia. La Defensoría señaló que, según análisis de las "Cajas Ñachec" entregadas, el contenido solo alcanza para alimentar a una familia de cuatro personas por tres o cuatro días, lo que ha derivado en inseguridad alimentaria y desnutrición en la población, especialmente entre los más vulnerables.

La causa original se inició en diciembre de 2024 a través de un amparo para solicitar asistencia urgente. La Defensoría Adjunta y las comunidades indígenas insisten en que la situación de crisis se ha agravado, con comedores cerrados y distribución irregular de los recursos más esenciales.