Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insistieron en la ejecución inmediata de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en la causa Vialidad. En un contundente dictamen de 21 páginas, rechazaron el planteo de la exmandataria que buscaba frenar el decomiso de casi $685 mil millones de pesos, equivalentes a unos 530 millones de dólares, exigiendo que sus bienes sean rematados para resarcir el daño causado al Estado. Este movimiento judicial marca una escalada en la búsqueda de recuperar los fondos públicos, poniendo de manifiesto la firmeza del Ministerio Público para que la sentencia se cumpla.

El dictamen conjunto, presentado ante el Tribunal Oral Federal N° 2, no se anduvo con rodeos. Los fiscales calificaron la maniobra de la exmandataria y sus defensores como "artilugios y excusas" para dilatar el proceso, y sostuvieron que la resistencia a devolver el dinero es una "clara afrenta a la sociedad". Remarcaron que lo que se les exige a los condenados no es un capricho, sino la obligación de devolver lo que sustrajeron ilegalmente en la que consideraron "una de las matrices de corrupción más extraordinarias en la historia del país". La solicitud no solo busca la ejecución, sino que también deja en claro que no permitirán que la causa se desvíe al fuero civil, como pretendía la defensa, un camino que, según los fiscales, solo busca un eterno pleito para evitar el pago.

Además de ir por los activos de la expresidenta, la requisitoria judicial también apuntó contra los argumentos de Lázaro Báez, otro de los condenados, que buscaba que sus bienes fueran decomisados en otra causa. Luciani y Mola calificaron el planteo de "cosa juzgada" y advirtieron que la estrategia de los condenados de rechazar la intimación es una forma de obstruir la justicia. Con una argumentación sólida, los fiscales recordaron que la sentencia que los condena está firme y que la única vía posible es el decomiso inmediato, dejando sin efecto cualquier otra objeción legal que pretenda dilatar la recuperación de los bienes.

La postura de los fiscales no es solo un reclamo económico, sino una declaración de principios. En su escrito, detallaron que el dinero robado pudo haberse destinado a salud, infraestructura, educación, vivienda y jubilaciones, por lo que el decomiso es una forma de subsanar ese daño social incalculable. Subrayaron que la suma exigida, aunque millonaria, es mínima en comparación con el daño real que se le hizo a la sociedad. La intención es clara: que los bienes decomisados tengan una "función social" y se destinen a instituciones de bien público, devolviendo así, al menos en parte, lo que fue arrebatado a los sectores más vulnerables.

En un mensaje final que busca la contundencia, los fiscales advirtieron que cada maniobra dilatoria de Cristina Kirchner no solo desafía a la justicia, sino que también expone al país a nivel internacional. Recordaron que Argentina tiene compromisos asumidos en materia de corrupción y recupero de activos, y que la falta de acción envía una señal equivocada. El dictamen cierra con una exigencia inequívoca: “No existe obstáculo alguno para avanzar inmediatamente con las ejecuciones pendientes”. La pelota está ahora en el tejado de los jueces del Tribunal Oral, que deberán decidir si le dan luz verde a los fiscales para avanzar con la ejecución de los bienes.

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