La Municipalidad de Laguna Blanca activó un operativo de emergencia para asistir a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, ante una auditoría del gobierno nacional con plazo de vencimiento el 13 de agosto. La intendenta Claudia Panzardi denunció que los nuevos criterios de evaluación del presidente Javier Milei podrían resultar en un "corte masivo" de beneficios vitales para familias vulnerables.

La auditoría, implementada con menos de una semana de aviso, generó una gran alarma en la comunidad. Panzardi defendió enfáticamente la legitimidad de las pensiones otorgadas, asegurando que en su municipio “jamás firmamos una sola pensión trucha”. La intendenta contrastó los procedimientos actuales con los de administraciones anteriores, donde la vulnerabilidad social y las necesidades de salud extremas eran factores determinantes para la aprobación de los beneficios.

El municipio no se quedó de brazos cruzados. Para evitar la pérdida de los beneficios, se puso a disposición de los vecinos un plan integral que incluye transporte gratuito hacia Puerto Tirol para los beneficiarios, servicios especiales para personas con movilidad reducida y videollamadas para quienes están postrados. Además, un equipo social municipal está ayudando a completar la documentación y conseguir los estudios médicos necesarios para la auditoría.

La intendenta Panzardi expresó su preocupación por el impacto social y económico que tendrían los cortes en las pensiones, que en muchos casos son el único sustento para familias enteras. Hizo un llamado a la "sensibilidad" y "empatía" del gobierno nacional para entender que estos beneficios son una necesidad fundamental para la supervivencia de muchas personas. La funcionaria alertó que la falta de asistencia a la auditoría será causal de corte del beneficio, por lo que instó a los beneficiarios a participar del operativo municipal.