La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó las apelaciones presentadas por las defensas del exgobernador Jorge Milton Capitanich, la exministra Marta Elena Soneira y otros cuatro imputados en la causa por presunta "Defraudación contra la Administración Pública" y "Enriquecimiento Ilícito". Con esta decisión, se confirma el rechazo a los planteos de nulidad que buscaban invalidar el requerimiento de instrucción fiscal y, por lo tanto, los acusados deberán presentarse a prestar declaración indagatoria ante el fiscal federal Carlos Amad.

La resolución, firmada por los jueces de la Cámara Federal, desestima los argumentos de las defensas que alegaban, entre otras cuestiones, la falta de una descripción clara de los hechos imputados y la omisión de pruebas que supuestamente favorecían a sus clientes. Los magistrados ratificaron la decisión de la jueza de primera instancia, destacando que el requerimiento fiscal cumple con todos los requisitos formales. La resolución judicial subraya que en esta etapa del proceso, el fiscal no necesita una certeza absoluta, sino la existencia de elementos que permitan una sospecha razonable de la comisión de un delito para avanzar en la investigación.

Según el documento, la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña investiga a un grupo de personas, entre ellas a Jorge Capitanich y Marta Soneira, por una serie de delitos graves.

A Capitanich se le imputan los cargos de "Fraude en Perjuicio de la Administración Pública" , "Lavado de Activos Agravado" , "Abuso de Autoridad" , "Malversación de fondos públicos" y "Negociaciones incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública".

En el caso de Soneira, las imputaciones son por "Fraude en Perjuicio de la Administración Pública" , "Enriquecimiento ilícito" , "Lavado de Activos Agravado" , "Abuso de Autoridad" y "Negociaciones incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública".

La Cámara de Apelaciones sostuvo que la instrucción judicial es la etapa donde se reúnen las pruebas y se ponen en juego las hipótesis de un presunto delito. Por lo tanto, no se puede anular un requerimiento de instrucción si este contiene la relación circunstanciada de los hechos, el tiempo, el lugar y la identificación de los imputados. En este sentido, la resolución concluye que la discusión sobre la validez de las pruebas y los hechos en sí mismos deberá ser tratada una vez que los imputados realicen su declaración.