De los 138 magistrados que ocupan los máximos tribunales del país, 88 tienen algún nexo político o laboral con el gobernador antes de ocupar esos cargos. Además, 76 fueron designados bajo gestiones del mismo signo político bajo el cual trabajaron.

La Rioja, Catamarca, Santa Fe o Formosa son las provincias más comprometidas de acuerdo con un relevamiento periodístico de la red Ruido y Connectas en las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

El Chaco se encuentra en el grupo de provincias con menos influencia con el 40% de las relaciones políticas, laborales o familiares en común con el Ejecutivo.

El 64% de los ministros de las cortes supremas tuvieron nexos de algún tipo con los gobiernos locales -o con sus funcionarios- antes de ser designados.

Las cifras ponen bajo la lupa la independencia de poderes, que es un pilar del sistema republicano, según la Constitución Nacional y las propias cartas magnas provinciales.

La mayoría de estos jueces supremos fueron antes secretarios, ministros, legisladores, fiscales de Estado, directores de áreas o asesores. Y hasta existen casos de vicegobernadores, socios de estudios jurídicos de funcionarios e incluso parientes de gobernadores que hoy integran las Cortes provinciales.

En todos los casos las designaciones respetaron mecanismos legales previstos en cada provincia, ninguno de los cuales prohíbe o limita que exista esta clase de nexos entre funcionarios políticos y jueces. Y si bien eso no significa necesariamente que los magistrados obedezcan a sus antiguos vínculos, refuerza una percepción sobre la debilidad con la que los poderes judiciales investigan (o dejan de hacerlo) al poder provincial.

Dos casos son emblemáticos: en Tucumán y en San Juan, las decisiones de sus cortes superiores locales estuvieron a punto de permitir, en 2023, la reelección de sus gobernadores para un tercer mandato, pese a que lo prohíben ambas constituciones provinciales.

San Juan es uno de los distritos donde los 5 jueces de su Corte tienen vínculos previos con el poder Ejecutivo. Además, todos fueron designados durante gobiernos peronistas, el mismo signo político bajo el cual trabajaron. En Tucumán se replica esa situación, con 4 de 5 magistrados.

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