Con el reloj en cuenta regresiva, el Gobierno de Javier Milei se prepara para vetar la ley que aumenta las jubilaciones y declara la emergencia en discapacidad, mientras la oposición intenta conseguir los dos tercios necesarios en Diputados para revertir la decisión. 

El presidente tiene plazo hasta el 4 de agosto para formalizar el veto. Mientras tanto, La Libertad Avanza hace cuentas: necesita al menos 87 votos si se sientan todos los diputados en el recinto. El interbloque oficialista cuenta con 41 votos propios y busca el apoyo del PRO, aliados provinciales y parte de la UCR. 

La oposición, por su parte, apunta a avanzar con otros proyectos sensibles antes de la votación por los vetos: emergencia del Hospital Garrahan, financiamiento universitario y reforma del impuesto a los combustibles. 

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto, los proyectos vetados implicarían un impacto fiscal de hasta el 0,79% del PBI, algo que el Gobierno considera inviable sin afectar el equilibrio de las cuentas públicas. 

El resultado dependerá de negociaciones clave con gobernadores dialoguistas y bloques minoritarios, que podrían inclinar la balanza en una votación reñida. 

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