La defensa de la contadora Mercedes Strada, investigada por presuntas "jubilaciones truchas", solicitó la nulidad del allanamiento a su estudio contable al denunciar la presencia irregular del delegado de ANSES Chaco y líder local de La Libertad Avanza (LLA), Alfredo "Capi" Rodríguez. 

De aceptarse, las pruebas secuestradas podrían invalidarse, afectando gravemente la causa, según da cuenta un artículo publicado esta semana por la revista judicial “Litigio”.

El allanamiento, realizado el 30 de junio por orden del juez federal Ricardo Mianovich, fue ejecutado por Prefectura con veedores del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Sin embargo, el acta reveló que Rodríguez y un empleado de ANSES, Daniel Espinosa, participaron sin autorización.

Los abogados Marcos Molero y Gastón Chapo argumentaron que su presencia pudo "direccionar" el secuestro de pruebas. Criticaron que no se registró si ingresaron con objetos y destacaron la "gravedad institucional" de permitir funcionarios ajenos a la fuerza interviniente.

Riesgo para la investigación
La defensa sostiene que la nulidad es "absoluta" por violar garantías constitucionales. Si prospera, se perderían documentos clave que vinculan a Strada con declaraciones juradas apócrifas para acceder a jubilaciones.

ANSES estima un perjuicio de $15 millones al Estado. La fiscalía imputa a Strada por fraude, basándose en empleadores que negaron relaciones laborales con 21 beneficiarios. Varios declararon haber contratado sus servicios para trámites previsionales.

Rodríguez no se pronunció sobre su participación. Strada, a través de su defensa, insiste en la irregularidad del operativo mientras la causa avanza bajo cargos que prevén penas de 2 a 6 años de prisión.

La conexión con LLA local añade tensión al caso en tanto que la fiscalía deberá demostrar que las pruebas son válidas pese al cuestionamiento procesal.

Ahora, el juez Mianovich debe resolver si acepta la nulidad, decisión que podría desarticular la investigación o forzar a replantear la estrategia legal.