La exintendente de Resistencia y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, Aída Ayala, fue absuelta este lunes por el Tribunal Oral Federal de Resistencia en el marco de la denominada causa Casalboni, donde estaba acusada de administración fraudulenta contra la administración pública.

El tribunal también absolvió a Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, ambos colaboradores de Ayala durante su paso por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación.

La investigación se inició por la declaración del exintendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, quien reconoció haber direccionado la compra de maquinaria con fondos nacionales hacia una empresa vinculada, sin licitación. En el expediente, la fiscalía había pedido cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para los tres imputados.

Aunque el fiscal Federico Carniel no estuvo presente en la lectura por estar de licencia, confirmó que apelará el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal: “Esto no termina acá”, adelantó.

La fiscalía había argumentado que Ayala había avalado con su firma la adquisición de bienes con sobreprecios en el marco de un convenio firmado en 2016, cuando estaba al frente de la Secretaría de Asuntos Municipales. La empresa beneficiada fue Service Hogar, cuyo titular, Claudio Tolosa, accedió a una probation tras pagar 6 millones de pesos como reparación y se le prohibió ser proveedor del Estado en Quitilipi durante dos años.

Ayala expresó su alivio por el fallo absolutorio a varios medios de prensa: “Es como si me hubieran sacado una mochila de encima. Cargar esto desde 2017 atentó contra mi salud y contra mi vida. Esta causa, como la anterior, me destruyó”.

La exfuncionaria también dijo que no recibió apoyo de “correligionarios” y apuntó contra el radicalismo provincial: “Me soltaron la mano. Me excluyeron políticamente, pero también aprendí que uno se reconstruye desde otros lugares”.

La causa Casalboni no fue la única que enfrentó Ayala. En un proceso anterior, fue condenada a tres años de prisión por administración fraudulenta en la contratación del servicio de recolección de residuos en Resistencia durante su gestión como intendenta. Esa condena fue apelada y aún está pendiente de resolución en Casación, donde también la fiscalía busca agravar la calificación por lavado de dinero.

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