El juicio por la expropiación de YPF en 2012 sumó un nuevo capítulo. La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de la petrolera como parte del cumplimiento del fallo que condenó al país a pagar más de US$16.000 millones. La decisión generó impacto inmediato: las acciones de YPF cayeron hasta un 8% en Wall Street y cerraron con una baja del 5,6%. 

El presidente Javier Milei confirmó que apelará la medida, pero mientras tanto, los intereses continúan acumulándose. Según estimaciones del analista Sebastián Maril, el monto total que debería pagar la Argentina asciende ya a US$17.750 millones, considerando US$1650 millones adicionales en intereses generados desde septiembre de 2023. El ritmo actual es de casi US$3 millones por día de mora. 

Una sentencia que se agrava con el tiempo 

La sentencia original fue dictada el 15 de septiembre de 2023, cuando Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Capital, que habían adquirido los derechos de litigio de los accionistas minoritarios de YPF. La jueza entendió que, al momento de la expropiación de la participación de Repsol, el gobierno argentino violó el estatuto de la empresa al no extender una oferta similar a los demás accionistas. 

Según el abogado Sebastián Soler, los intereses se calculan con una tasa fija del 5,42% anual, determinada por el promedio del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a un año durante la semana anterior al fallo. 

La transferencia de acciones y un obstáculo legal 

El fallo de Preska establece que el Bank of New York Mellon (BNYM) debe iniciar la transferencia de las acciones clase D de YPF en poder del Estado argentino a los demandantes, una vez que se depositen en una cuenta designada. El plazo otorgado a la Argentina para concretar esa entrega es de 14 días hábiles desde la notificación. 

Sin embargo, el proceso enfrenta un escollo adicional: la ley argentina que autorizó la expropiación de YPF en 2012 exige la aprobación del Congreso —con mayoría de dos tercios— para transferir esas acciones, lo que podría ralentizar o trabar el cumplimiento de la orden judicial. 

La estrategia judicial y el futuro del caso 

La Procuración del Tesoro de la Nación será la encargada de presentar la apelación ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, que no tiene plazos definidos para resolver. Expertos aseguran que es probable que el caso entre en un período de "hibernación" judicial y que no haya una resolución definitiva en lo que resta del año. 

“El tribunal todavía no fijó la fecha de la audiencia oral, y todo indica que el fallo de la Cámara no se conocerá en 2025”, explicó Soler. 

Mientras tanto, la falta de una garantía judicial depositada por el Gobierno argentino —una obligación que debió cumplirse en enero de 2024— habilitó a los demandantes a solicitar embargos y a reclamar la transferencia de activos como forma de pago. 

📻 Sintonizá Alerta Urbana, de lunes a viernes de 9 a 13, por FM GUALAMBA 101.3 MHZ y a través de la página web www.fmgualamba.com.ar 
(Compartí con nosotros tus comentarios, denuncias, fotos y videos a los 📲 WhatsApp 3624 100411).
 Seguinos y enterate de toda la actualidad en www.alertaurbana.com.ar.