La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó un decreto que habilita a los senadores que lo manifiesten por escrito a rechazar los aumentos de dietas que vienen recibiendo los miembros de la Cámara alta cada vez que los empleados legislativos cierran una paritaria y consiguen incrementos en sus sueldos. A partir de esta negociación de la Asociación del Personal Legislativo (APL), los senadores incrementaron la semana pasada su sueldo a $9.500.000.

La medida está incluida en el decreto de presidencia 344/25 en el que Villarruel otorga, en cumplimiento de los acordado por los presidentes de ambas cámaras con los gremios, un aumento del 1,3% en los salarios de abril y un bono de $100.000 para los trabajadores de la Cámara alta.

En su tercer artículo la norma invita a los senadores “a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente, sus respectivas dietas, informándolo por nota a Presidencia, en mérito a las facultades que le son propias”.

De esta manera, la vicepresidenta busca saldar la puja que se genera cada vez que los trabajadores legislativos reciben un aumento salarial entre aquellos senadores que consideran lógico el incremento de sus dietas y los que, para evitar la condena social y mediática, se quejan en público por el aumento y amenazan con renunciar a percibir la mejora, algo que hasta ahora no podían hacer.

El conflicto nació en abril del año pasado, cuando un grupo de senadores impulsó una reforma que ató los ingresos de los legisladores a los de los empleados del Congreso, al fijar en módulos, y ya no en una cifra expresada en pesos. el monto que perciben en concepto de dieta, gastos de representación y desarraigo.

En aquel momento, fijaron sus ingresos en 4.000 módulos, cantidad que tras la última paritaria salarial del Poder Legislativo elevó a 9,5 millones de pesos el bruto que perciben los legisladores, una mejora de $ 300.000 con relación a lo que venían percibiendo hasta el mes pasado.

Así como Villarruel no puede disponer la suspensión de los aumentos, ya que la reforma había sido votada en el recinto por los senadores; por el concepto de enganche con los salarios legislativos la vicepresidenta tampoco podía aceptar los pedidos de los legisladores que quisieran rechazar esos aumentos.

A partir de esta medida, los senadores quedan librados a su libre albedrío para disponer si aceptan el aumento de sus ingresos cada vez que las autoridades de ambas cámaras legislativas cierren una paritaria con los tres gremios (APL, UPCN y ATE) que tienen representación en el Congreso.

Hasta el momento no hay información oficial, pero serían al menos tres los senadores que ya se habrían acogido a la oferta de la presidencia del Senado. Ellos serían Luis Juez (Pro-Córdoba) y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Fuente: La Nación.