El Juzgado Federal de Goya resolvió este jueves elevar a juicio la causa por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, el nene que cumplió los 6 años estando desaparecido: fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes.

La decisión de la jueza Cristina Pozzer Penzo afecta a Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y Walter Adrián Maciel, quienes enfrentarán cargos por la sustracción y ocultamiento del menor, en los términos del artículo 146 del Código Penal de la Nación.

La resolución, firmada por la jueza a cargo del Juzgado Federal de Goya, se produce tras una extensa investigación que incluyó la intervención del Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la querella particular representada por los padres de Loan Peña. El expediente principal acumula más de 90 cuerpos y decenas de legajos conexos, y fue declarado listo para la etapa de debate oral.

Según el requerimiento fiscal, los siete imputados “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento de Loan Danilo Peña”.

El 13 de junio pasado, el niño asistió junto a su padre a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña, en el Paraje Algarrobal. De acuerdo con la reconstrucción de los fiscales, tras el almuerzo, un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano. En ese trayecto, Loan fue apartado de la custodia de su padre y, desde entonces, permanece desaparecido.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que Caillava, Pérez, Ramírez, Millapi, Benítez, Laudelina Peña y el comisario Maciel “tomaron intervención en la sustracción del menor... Para luego ocultarlo hasta el día de hoy”.

La acusación detalla que, tras la desaparición, se montó un escenario para simular la pérdida del niño, incluyendo la plantación de un botín en un lodazal y la difusión de una falsa noticia sobre su hallazgo.

El comisario Maciel es señalado como quien, “valiéndose de su cargo, montó un falso escenario de búsqueda e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor”.

PRUEBAS

La causa reúne una gran cantidad de pruebas, entre ellas testimonios, pericias forenses, análisis de comunicaciones telefónicas, informes de rastrillajes terrestres y aéreos, y pericias sobre vehículos. Los fiscales enumeraron más de 300 medidas probatorias, incluyendo la activación de la Alerta Sofía, la intervención de fuerzas federales y provinciales, y la realización de pericias odorológicas y de Luminol en los vehículos de los imputados.

En el análisis de la prueba, el tribunal destacó que “la zona cero de la desaparición y sus adyacencias, fueron rrastrilladas,agotando todos los recursos posibles”, sin que se hallaran rastros fehacientes del niño fuera del área del naranjal. Los perros de rastreo no lograron seguir una trayectoria definida y los testimonios de familiares y vecinos coincidieron en que no era posible que el niño se hubiese perdido sin ser visto o escuchado.

El expediente también documenta contradicciones en los descargos de los imputados y destaca la existencia de comunicaciones y movimientos que, según la acusación, no se corresponden con una búsqueda genuina del menor.

En relación con la plantación del botín, los fiscales señalaron que “Laudelina Peña colocó la zapatilla donde posteriormente fue encontrada o bien sabía dónde estaba porque alguien más la puso allí -posiblemente Benítez- y le indicó el lugar”.