El proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad hasta fines de 2026 recibió media sanción en la Cámara de Diputados, gracias al respaldo de la oposición, que logró imponerse pese al rechazo del oficialismo. La iniciativa fue aprobada con 148 votos positivos, 71 negativos y 3 abstenciones. 

La normativa establece la actualización de las prestaciones arancelarias desde el 1° de diciembre de 2023, de acuerdo con la inflación acumulada, y contempla la modificación del nomenclador para que las pensiones no contributivas se ajusten mensualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, fija que las pensiones por discapacidad representen el 70% del haber jubilatorio mínimo. 

Durante el debate, la diputada radical Soledad Carrizo expresó que el sistema de atención a la discapacidad "necesita soluciones racionales y coherentes para garantizar a las personas con discapacidad lo que realmente requieren”. 

Desde Democracia para Siempre, la legisladora Melina Giorgi remarcó: “No se puede buscar el equilibrio fiscal sacrificando a un sector tan vulnerable. Las personas con discapacidad tienen derechos que deben respetarse”. 

Por su parte, Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, pidió transformaciones profundas: “Es hora de que quienes dependen de la asistencia por discapacidad reciban lo que les corresponde y que se hagan cambios reales que mejoren su calidad de vida”. 

Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, alertó sobre el crítico panorama de los transportistas que asisten a este colectivo: “Cobran apenas 500 pesos por kilómetro, lo cual hace inviable su trabajo”. 

Valdés también remarcó su compromiso personal con el tema: “No se trata de repartir culpas. Quiero ser parte de la solución, porque conozco de cerca la angustia de los padres que solo sueñan con el futuro de sus hijos cuando ya no estén”. 

En defensa del oficialismo, Santiago Pauli (La Libertad Avanza) responsabilizó al gobierno anterior por la situación actual: “Con una inflación del 117% en 2024, se aumentó un 99%, apenas 18 puntos por debajo. Pero en 2023, con una inflación del 211%, el Gobierno de Alberto Fernández sólo aumentó un 93%. La emergencia la generaron ustedes”. 

El legislador fueguino también lanzó duras críticas: “Utilizaron recursos destinados a la discapacidad para hacer clientelismo con personas que no cumplían requisitos, incluyendo presos y militantes. Manipulaban a esta gente para hacer campaña”. 

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto económico de esta ley se estima entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo de la cantidad de nuevos beneficiarios, que oscilaría entre 493 mil y 946 mil personas. 

Además, se calcula un gasto de 278.323 millones de pesos para compensar el desfase entre inflación y prestaciones de 2024, y otros 7.160 millones para reforzar los talleres de producción protegida. 

Esta ley era una demanda constante de organizaciones y familiares de personas con discapacidad, que han encabezado movilizaciones en todo el país reclamando la actualización de prestaciones y pensiones. 

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